José Luis Oltra recibirá en las próximas horas un requerimiento notarial en el que le informan que su fichaje como entrenador del Real Mallorca debe ser aprobado por el consejo de administración de la SAD balear. En dicha acta, remitida por los consejeros Pedro Terrasa, Utz Claassen y Pep Roig -aglutinan un 45% de los títulos de propiedad-, le advierten que Serra Ferrer no tiene legitimidad para autorizar su contratación.
Esta facción del consejo ha optado por la vía notarial al estar en desacuerdo con las maniobras de los apoderados, pero en ningún caso porque estén en contra del técnico valenciano. Más bien lo contrario. Consideran que Oltra encaja con el perfil, avalan su trayectoria y creen que es el entrenador adecuado para dirigir la nave en Segunda División. Pero no quieren consentir que los apoderados, que no tienen las mismas facultades que un consejero delegado, firmen contratos de manera unilateral. De hecho, ni Serra ni Cerdà tienen poder de decisión y sólo pueden ejecutar mandatos aprobados previamente por el órgano de gobierno, que no ha sido en el caso del fichaje de Oltra, presentado anteayer por Serra Ferrer.
Cabe recordar que desde que se produjo el traumático descenso a la categoría de plata, hace ya doce días, todavía no se ha reunido el consejo de administración para afrontar la nueva situación ni confeccionar un proyecto deportivo. Y, de momento, no hay ninguna fecha prevista para la celebración de la cumbre.
El hecho de asumir decisiones sin estar legitimados puede desembocar en dos vías. Una, existe la opción de solicitar una responsabilidad civil contra los firmantes del contrato, que deberían responder con su propio capital. Y dos, que la parte contratante, en este caso José Luis Oltra, tiene que saber también que están firmando contratos que no son legales sin la aprobación del resto de consejeros.
Ahora, con el requerimiento notarial que el entrenador valenciano recibirá -previsiblemente durante la jornada de hoy- ya estará al corriente de que el consejo de administración no ha tratado su fichaje y que éste, sin la autorización del órgano de gobierno, no tiene ninguna base legal. Terrasa, Claassen y Roig no están en contra del entrenador valenciano, pero sí de cómo se ha producido su contratación. Quieren que su llegada, así como todas las altas que se produzcan en el futuro, sean aprobadas por el consejo de administración. Pero no porque se trate de éste o aquel entrenador o jugador, sino para cumplir con lo que marca la ley.
Los apoderados siguen la línea marcada en los últimos meses, tomando decisiones al margen del resto de miembros del consejo de administración sin tener ninguna legitimidad para ello.