El G-30, grupo de clubes que negocian en bloque la venta de sus derechos audiovisuales, ha confirmado a través de Javier Tebas —su representante legal— que exigirá al Mallorca que asuma una penalización de 14 millones de euros por la rescisión de su contrato con Mediapro. Además, el G-30 reclamará también a la SAD balear —interpondrá una demanda— una indemnización por daños y perjuicios tras la venta de sus derechos audiovisuales a Prisa TV (antigua Sogecable).
Semanas atrás, la intención del club de cambiar de operador televisivo generó una gran controversia en el seno del consejo de administración. Si por una parte el club mejoraba sustancialmente sus ingresos por este concepto, por otra quedaba expuesto a una batalla jurídica con un desenlace imprevisible. El debate resultó intenso, aunque al final se impuso el criterio del grupo de Serra Ferrer, que decidió agarrarse a un caramelo envenenado. Miquel Coca Payeras, asesor jurídico de la entidad, emitió un informe favorable a la rescisión del contrato con Mediapro. Utz Claassen votó en contra, mientras que Pere Terrasa y Pep Roig decidieron abstenerse.
El Mallorca se acogió a una resolución de la Comisión Nacional de Competencia —limita a tres años la duración de los contratos con los distintos operadores televisivos— para rescindir unilateralmente su compromiso con la empresa de Jaume Roures y alinearse con el Grupo Prisa, aunque también dejó sueltos varios cabos que desembocarán en una nueva batalla jurídica de imprevisibles consecuencias. Por una parte, Mediapro ha denunciado al club por incumplimiento de contracto y ha instado a la inmediata devolución de un anticipo de 3'8 millones de euros correspondientes a los derechos de la actual temporada (2012/13) que, paradójicamente, ya gestiona Prisa.
En el otro flanco del conflicto aparece el G-30, que también recurrirá a los juzgados para resolver una cláusula de penalización de 14 millones de euros y otra cantidad adicional por presuntos daños y perjuicios. Aunque el conflicto se dirimirá en los tribunales, fuentes del G-30 señalaron que existe jurisprudencia y que el Mallorca se ha metido en un callejón sin salida. Temporadas atrás, Murcia y Racing de Santander se vieron envueltos en un caso similar y la justicia acabó dando la razón al G-30.
De hecho, fueron los propios dirigentes de este grupo que representa a una treintenta de equipos de la LFP la que dedició en su momento incrementar las penalizaciones (de 5 millones de euros se pasó a 14) para evitar que se produjeran nuevas fugas.