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Caso Neymar

El Barça se ampara en el juez Ruz para no sentarse en el banquillo

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, durante una rueda de prensa. | Efe

| Barcelona |

El FC Barcelona espera que el juez instructor del caso Neymar, Pablo Ruz, no acepte las peticiones de la Fiscalía, ya que considera que «todas las actuaciones» llevadas a cabo en el fichaje del brasileño por el club «fueron realizadas sin ánimo de vulnerar la Ley en ninguno de sus preceptos».

Esa es la respuesta del club azulgrana, un día después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido al Ruz que cierre la instrucción del caso Neymar, lleve a juicio al F.C. Barcelona, a su expresidente Sandro Rosell e impute al actual presidente Josep Maria Bartomeu, por un presunto delito fiscal de 2,8 millones de euros.

Mediante un comunicado el club catalán anuncia que «manteniendo la serenidad y guiándose por su prudencia», el Barça actuará «con toda la firmeza y todos los recursos legales» para continuar defendiendo los intereses del club y de sus socios.

«Además, el Barcelona no permitirá que ninguna actuación pueda dañar la imagen del Club ni pueda deteriorar o desprestigiar un fichaje que considera histórico y estratégico», asegura en el comunicado.

Ante la petición de la Fiscalía, el Barça ha mostrado «sorpresa, indignación y total desacuerdo» e insiste en que los últimos meses el club ha proclamado su inocencia «aportando toda la documentación solicitada en numerosas ocasiones y reforzada en el transcurso de diversos testimonios judiciales».

Respecto a la petición concreta del Fiscal, José Perals, de imputar al presidente Bartomeu por un presunto delito fiscal en el ejercicio 2014, el Barça también quiere expresar su «total desacuerdo».

«En este caso, la petición de imputación está relacionada con un pago de cinco millones de euros, el último plazo de los 40 millones que el club estaba obligado a pagar a la sociedad N&N por el fichaje del jugador», asegura el club.

El Barça informa de que el pago se realizaría el 31 de enero de 2014, ocho días después de que se produjera el relevo presidencial tras la dimisión de Sandro Rosell.

«La decisión de diferir este último pago a enero de 2014 y la discusión sobre qué tipo de retención fiscal se tenía que aplicar a este pago no parecen razones suficientes para solicitar la imputación», según considera el Barça.

El club asegura que la declaración complementaria presentada de forma cautelar y preventiva en febrero de 2014 (13.550.830 euros) ya cubría cualquier interpretación que se pueda realizar sobre la retención a aplicar sobre este pago.

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