El Congreso aprobó ayer la nueva Ley reguladora del Juego, que supone la mayor reordenación de este sector desde que fue despenalizado en el año 1977 y que contempla que haya un retorno de las apuestas deportivas para el deporte cuyo porcentaje se determinará mediante un Real Decreto.
La Comisión de Economía y Hacienda de la cámara baja ha aprobado, con competencia legislativa plena -el texto pasa directamente al Senado- este texto, que regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales como el bingo o el casino, los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en situación de «alegalidad».
El Congreso ha incorporado un centenar de enmiendas, muchas de ellas pactadas por todos los grupos. Entre éstas destaca el establecimiento de un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio (muchas de las grandes empresas que ofrecen juego por internet patrocinan equipos de primera división de fútbol) y de publicidad en los medios de comunicación.
Entre las enmiendas que no han prosperado en el Congreso figura la que habían defendido varios grupos de la oposición para que un porcentaje de las apuestas deportivas e hípicas retornaran al deporte, aunque sí se ha incorporado una enmienda -pactada por varios grupos- para que el Gobierno apruebe un Real Decreto, en un plazo máximo de seis meses, en el que se determinarán esos porcentajes.
Además, entre los cambios que se han introducido figura la obligación de las empresas que utilicen internet para ofrecer sus juegos de apuestas de utilizar el dominio «.es», para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades españolas.
La ley establecerá nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.
La ley ha contado en su conjunto con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque el PP se ha abstenido en la votación final del dictamen.
Todos los portavoces coincidían ayer en la necesidad de regular este sector para dar seguridad jurídica a las empresas que han proliferado durante los últimos años y que ofrecen sus servicios por internet, y sobre todo para proteger a los consumidores que hacen uso de ese tipo juegos.
La socialista Monserrat Colldeforns subrayaba la importancia de que la implantación de la ley se haga de forma progresiva para dar seguridad a las empresas que ya operan en España e invierten en actividades de patrocinio o publicidad.