La carrera por la sede de los Juegos de Verano de 2008 tenía una clara favorita, la candidatura de Pekín, y ayer, en Moscú, se confirmaron los pronósticos cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) convirtió en realidad el sueño de la capital china y del país más poblado del planeta. Ocho años después de su dolorosa derrota ante Sydney en la pugna por organizar los Juegos de 2000, la candidatura pequinesa se ha resarcido de ese revés. Si en la elección de sede de los Juegos de 2000, celebrada en Mónaco en septiembre de 1993, fue Sydney la gran rival de Pekín, esta vez han sido Toronto y París las principales adversarias de la candidatura asiática.
El éxito de los responsables de la apuesta china se debe, sobre todo, a que han conseguido minimizar el efecto de las campañas contra sus intereses por el asunto de los derechos humanos. Ese era un pesado lastre del que Pekín ha logrado liberarse. Los partidarios de que esa ciudad fuese la ganadora siempre han defendido que la concesión de los Juegos serviría para contribuir al desarrollo económico de China y a su apertura democrática, con el consiguiente aumento del respeto a los derechos humanos. Esos argumentos parecen haber convencido a los miembros del COI, pero también ha sido muy favorable para los intereses chinos la solidez de su proyecto. La candidatura de Pekín cuenta con el apoyo total del gobierno chino y de los ciudadanos de ese país, pero ahora afronta retos de gran envergadura.
Deberá construir la mayoría de las instalaciones necesarias para los Juegos, impulsar grandes mejoras en los sistemas de transporte, acometer un importante avance en su red de telecomunicaciones y solucionar el problema de la contaminación atmosférica que afecta a la ciudad. Pero el compromiso adquirido por las autoridades chinas para acometer ese trabajo es firme y los miembros del COI lo consideran una garantía suficiente. El Comité Olímpico Internacional (COI) defendió en la tarde de ayer la concesión de los Juegos de 2008 a Pekín sin tener en cuenta las críticas a las violaciones de los derechos humanos en el país con la esperanza de que la situación mejore en los próximos siete años gracias a su decisión y despolitizando los Juegos Olímpicos.