Singapur, donde se encuentra retenida una pareja española tras haber protestado contra la gestión del empresario local Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, tiene algunas de las leyes más draconianas del mundo desarrollado para preservar el orden público y la seguridad. La isla semiautocrática, conocida por su moderno paisaje urbano y su rol de centro financiero regional, contempla estrictas normas que restringen las protestas callejeras y penan con multas y hasta años de cárcel los actos de vandalismo.
Sin que sepa aún si se han presentado cargos en su contra, un aficionado del Valencia, Dani C., y su pareja quedaron retenidos en Singapur el pasado viernes cuando se disponían a embarcar en un vuelo hacia Bali, y desde entonces se les ha retirado el pasaporte. Así lo denunció el lunes la asociación Libertad VCF, opuesta a la gestión de Lim al frente del Valencia, desde donde hoy transmiten su desconcierto por noticias «muy confusas», pues no se sabe de qué se les acusa ni qué ha pasado con su supuesta declaración ante la Fiscalía.
«No pueden salir del país. Al parecer ayer declararon ante la Fiscalía. No tenemos opción de contactar con ellos directamente», dijo a EFE Álvaro Sendra Albiñana, abogado de la asociación por la Libertad del Valencia Club de Fútbol. Se considera que su situación se debe a las muestras de oposición a la gestión de Lim manifestadas por Dani C., aficionado del Valencia, durante su estancia en la isla para celebrar su luna de miel.
El jueves de la pasada semana, el español colgó en X una primera foto suya con una pancarta que rezaba «Lim go home» (Lim, vete a casa), diseñada por Libertad VCF y con la que los fans del Valencia muestran su rechazo al empresario singapurense, en la zona de la bahía, y pedía ideas para lucirla en otros enclaves, «pero que no sea acabar en la cárcel de Singapur», bromeaba.
Unas horas después en otro mensaje en X se le veía frente a un edificio que explicaba que era un hotel, cuya propiedad atribuía a Lim, pegando una pequeña pegatina con el mensaje «Lim out» (Lim, fuera) en una puerta blanca. En respuesta a su mensaje otro usuario de la red dijo haber avisado a la policía de Singapur de que un turista estaba «dañando la ciudad».
Los extranjeros no pueden protestar
Singapur, país que ejerce un férreo control sobre la prensa local, la cual no se ha hecho eco del caso, solo permite a los oriundos de la isla protestar sin permiso en un único punto de la ciudad-Estado conocido como el «Speakers Corner» (Rincón de los Oradores), siempre y cuando no sea de asuntos controvertidos.
Su ley de orden público especifica que en caso contrario la Policía debe conceder permiso previo, y que este no será concedido para las manifestaciones organizadas por extranjeros o que les involucren y tengan fines políticos, término que el país aplica con vaguedad. La violación de la ley se penaliza con multas de hasta 5.000 dólares estadounidenses.
En caso de vandalismo, que incluye «escribir, dibujar o marcar en propiedades públicas o privadas cualquier palabra, eslogan, caricatura, marca, símbolo, etc.», la ley estipula un máximo de 2.000 dólares de multa o hasta tres años de prisión. Fuentes cercanas al caso aseguraron a EFE que se está trabajando en el asunto y que se espera una solución pronto.
Por su parte, en el limitado entorno de activistas prodemocracia de la isla, gobernada por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, consideran probable que se dé a la pareja española una advertencia y se les expulse de Singapur, como ocurrió en 2019 con un hongkonés que organizó una «asamblea ilegal» para discutir las protestas anti Pekín en Hong Kong.
«Técnicamente (el español) podría ser acusado de violar la ley de orden público o de vandalismo, por poner la pegatina en la propiedad», dice un activista de la isla bajo anonimato, tachando de «absurdez» la primera normativa. «Pero lo que creo es que les acabarán expulsando», añade.