Asociaciones Feministas han tachado de «retroceso» la nueva sentencia del 'caso Arandina' dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que absuelve a uno de los exfutbolistas condenados por agresión sexual sobre una menor y ha aplicado una sustancial rebaja de penas a los otros dos.
Los tres fueron condenados por la Audiencia Provincial de Burgos a 38 años de cárcel por delitos de agresión sexual, si bien ahora el TSJCyL ha entendido que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual. Este tribunal, tras ver los recursos de los tres condenados, ha apreciado como atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima.
Varias feministas y juristas consultadas por Europa Press sostienen que el TSJCyL «ha omitido» la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada al respecto tras la polémica sentencia de La Manada de Pamplona. Según lamentan, este pronunciamiento vuelve a amparar la «cultura de la violación» al poner en duda la credibilidad de la víctima, mientras «justifica y exime de responsabilidad a los violadores».
En declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha expresado su «total desacuerdo» con el fallo del TSJCyL, al tiempo que ha dicho esperar que sea revocado por el Tribunal Supremo, al que se puede recurrir en casación.
Según ha defendido, esta sentencia es «un tratado de justicia machista» porque «supone volver a enjuiciar exclusivamente a la víctima. «Por el hecho de entrar a un piso para grabar un vídeo con unos chicos ya somos susceptibles de que puedan hacer con nosotras lo que quieran», ha lamentado.
Es más, la abogada ha criticado duramente que esta sentencia «exima de responsabilidad» a uno de los agresores (absuelto), y lo haga «saltándose el Código Penal a la torera». «Con una menor de 16 años no hay consentimiento que valga, se han saltado este precepto del Código Penal», ha incidido.
En su opinión, el tribunal «ha forzado los argumentos al límite» para «minusvalorar el comportamiento de los violadores», llegando a decir que la mentalidad o edad mental de los exjugadores es «parecida» a la de la víctima, una niña de 15 años.
«Han forzado la interpretación para favorecer a los violadores y para condenar a la víctima», ha señalado, confesando que se siente «avergonzada» por este pronunciamiento de la sala del TSJCyL. «Están disculpando a los agresores y a los violadores porque los entienden, mientras a las mujeres se nos mira con lupa», ha remarcado.
En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, que ve el fallo «sorprendente» e «indignante» y un «exponente de la cultura de la violación». «Se vuelve a poner el foco en ella, a decir que ella subió voluntariamente a la vivienda y que podría haberla abandonado y no lo hizo», ha criticado.
«Se la juzga a ella, mientras se justifica y resta gravedad a los comportamientos de los agresores», ha afirmado. Asimismo, ha lamentado que «omita» la doctrina del TS, que en su condena a La Manada de los Sanfermines condena en base a la intimidación ambiental y la cooperación necesaria para la comisión del delito.
A su vez, Besteiro tiene la sensación de que el TSJCyL ha dictado esta sentencia para contrarrestar el «gran castigo» que les impuso la Audiencia, «como reivindicando que ellos no merecían esta condena». Además, ha criticado especialmente la aplicación de la atenuante de grado de madurez porque justifica el comportamiento de los exjugadores del Arandina diciendo que «no son conscientes de la gravedad de lo que hacían» con la víctima.
«Banalizar las relaciones sexuales y decir que eso no es grave y es normal, demuestra la necesidad de una educación afectivo-sexual», ha subrayado. A su juicio, ver «normal» lo que le ocurrió a la víctima de 15 años e interpretar que ella «no se sintió cohibida» es «un retroceso».
Por otro laso, Besteiro ha insistido en que la futura reforma de los delitos sexuales en el Código Penal tiene que «combatir este margen de maniobra» para los jueces, ya que en este caso se ha pasado de 38 años de condena, a apenas cuatro o tres, e incluso una absolución.
Al respecto, Altamira Gonzalo considera que para la ciudadanía es «difícil de entender que con unas mismas leyes y hechos se pueda juzgar «de manera tan discordante». Así, ha defendido la reforma de la tipificación de estos delitos, si bien ha afirmado que el cambio de las leyes «no es suficiente».
«El problema no está en la ley, está en la mentalidad y en la manera de enjuiciar, en no creer el relato de las mujeres, que está devaluado en la Administración de justicia», ha aseverado, defendiendo que el cambio del Código Penal puede ayudar a «reducir los márgenes» en las condenas de estos delitos, pero «no va a resolver el problema» ni «a quitar los prejuicios machistas» en el ámbito judicial.
Desde la Asociación Clara Campoamor, que ejerció como acusación popular en el denominado 'Caso Arandina', han expresado su «indignación» por el «palo muy grande» y «retroceso» que supone para los derechos de las mujeres este fallo judicial. En declaraciones a Europa Press, el letrado del colectivo, Luis Antonio Calvo, ha dicho confiar en que el Supremo rectifique, al igual que ocurrió con el 'Caso de la Manada'.