El propietario de una de las dos viviendas ubicadas en el número 19 de la calle Hospitalet, Juan Manuel Cortés, empezó ayer por la tarde a demoler la que ha sido su casa y también la de su familia en estos últimos diez años. De este modo, empezaba a dar cumplimiento al acuerdo al que había llegado el pasado 24 de marzo con el Ajuntament de Palma.
Cabe recordar que en dicha fecha, Juan Manuel se comprometió a derribar en el plazo de un mes su casa, construida en Son Anglada en suelo rústico hace diez años sin tener autorización para ello. La práctica totalidad de la otra vivienda, excepto una estancia, deberá ser demolida también por el mismo motivo. En estos últimos meses han vivido 12 personas en total en ambas casas.
Con el acuerdo entre Juan Manuel y el Ajuntament de Palma, se logró posponer el derribo de ambas casas, cuyo inicio estaba previsto por Cort para ese 24 de marzo por la mañana.
Si Cort hubiera realizado la demolición entonces, ambas familias habrían tenido que abonar 42.000 euros por el coste del derribo. Juan Manuel había calculado que si la demolición la llevaba a cabo él mismo, el coste sería sensiblemente menor, de unos 3.000 euros en total, motivo por el que pidió derribar la casa él mismo. Además, desde hace un tiempo se encuentra en el paro y no recibe ningún tipo de subsidio. Las dos familias subsisten por ahora con lo que ganan con la venta ambulante.
Con independencia del coste de la demolición, dichas familias tendrán que pagar al Ajuntament una multa pendiente de 24.000 euros.
En este último mes, las dos familias han recogido unas 2.000 firmas en contra de la citada demolición, y han enviado también escritos al Defensor de la Ciutadania, Miquel Lladó, y a la alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, pidiendo que se reconsidere la orden de derribo. Mientras tanto, los dos matrimonios, una mujer mayor y siete niños han vivido todos juntos en la otra casa.
Las familias tienen previsto acudir esta mañana al pleno que se celebrará hoy lunes en el Ajuntament de Palma, con el propósito de pedir un poco más de tiempo para poder llevar a cabo la demolición prevista. La mujer de Juan Manuel, Isabel Cortés, indicó ayer que también pedirán que «la ley se aplique por igual a todos y que se derriben todas las viviendas ilegales que hay en Son Anglada».