A partir del próximo 28 de junio, los cajeros automáticos en España deberán adaptarse a una nueva normativa que cambiará la forma en que los ciudadanos acceden al dinero en efectivo. Esta legislación, centrada en mejorar la accesibilidad financiera, obligará a las entidades bancarias a implementar cambios significativos en sus terminales para eliminar barreras que dificultan su uso a personas con discapacidades físicas o intelectuales. La nueva regulación no solo contempla modificaciones técnicas en los cajeros, sino que también exige una formación específica para el personal bancario.
El objetivo es claro: garantizar un servicio financiero verdaderamente inclusivo que no deje a nadie atrás, especialmente a colectivos vulnerables que tradicionalmente han encontrado obstáculos al realizar operaciones bancarias cotidianas. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades españolas para asegurar que los servicios esenciales sean accesibles para toda la población, independientemente de sus capacidades o circunstancias personales.
Principales cambios
La normativa que entrará en vigor establece una serie de innovaciones técnicas diseñadas para facilitar el uso de los cajeros, con tres cambios significativos. Entre los más destacadas figura el aumento del tamaño de la letra en las pantallas, una medida que beneficiará especialmente a personas con dificultades visuales y a usuarios de edad avanzada. En segundo lugar, los terminales deberán incorporar audioguías que proporcionen instrucciones por voz, complementadas con la posibilidad de conectar auriculares para mayor privacidad durante las operaciones. El rediseño de la interfaz también jugará un papel fundamental, apostando por sistemas más intuitivos que simplifiquen los procesos.
Además, el tercer cambio señalado será la implementación de botones con relieve, facilitando así la interacción táctil para aquellas personas que lo necesiten. Estos elementos físicos permitirán una manipulación más sencilla y segura del dispositivo durante toda la operativa bancaria. La adaptación a esta normativa seguirá un esquema progresivo, estableciendo diferencias entre los cajeros de nueva instalación y aquellos ya existentes. Las entidades financieras tendrán la obligación de informar detalladamente a sus clientes sobre qué terminales cumplen ya con los nuevos requisitos y cuáles se encuentran todavía en proceso de adaptación.
Los cajeros instalados antes del 28 de junio de 2025 dispondrán de un margen especial, pudiendo continuar operativos hasta el final de su vida útil económica, que la normativa estima en un máximo de diez años. Esta excepción busca equilibrar la necesidad de avanzar en accesibilidad con la realidad económica de las entidades bancarias. La nueva normativa cobra especial relevancia en el contexto de la España rural, donde el acceso a servicios bancarios ya es de por sí limitado. El Senado ha instado al Gobierno a intensificar la colaboración con las instituciones bancarias para desarrollar estrategias de inclusión financiera específicas para municipios con menos de 500 habitantes.
Una enmienda transaccional acordada entre PSOE y PP busca promover activamente la disponibilidad de efectivo en estas zonas, reconociendo que el acceso al dinero físico sigue siendo esencial para muchos ciudadanos, especialmente en entornos donde la digitalización avanza a un ritmo más lento. Las asociaciones de personas mayores han recibido con optimismo estos cambios. «Para muchos de nuestros asociados, acudir al cajero supone un verdadero desafío. Cualquier mejora en la accesibilidad es un paso en la dirección correcta» señalan desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.
Derecho fundamental
La legislación que entrará en vigor no se limita exclusivamente a los cajeros automáticos, sino que establece requisitos para una amplia gama de productos y servicios financieros. También afectará a compañías aseguradoras y plataformas de comercio electrónico, entre otros sectores relacionados con la economía digital. Expertos en inclusión financiera destacan que estas medidas representan un avance significativo hacia el reconocimiento del acceso a servicios bancarios como un derecho fundamental. «En una sociedad cada vez más digitalizada, garantizar que todos los ciudadanos puedan operar con normalidad en el sistema financiero es una cuestión de justicia social», afirman.
El Banco de España, por su parte, supervisará la correcta implementación de la normativa, estableciendo mecanismos de control y sanción para aquellas entidades que incumplan los plazos o requisitos establecidos. Para la mayoría de usuarios, los cambios serán percibidos como mejoras en la experiencia de uso. Interfaces más claras, textos más legibles y sistemas de ayuda por voz facilitarán las operaciones cotidianas como retiradas de efectivo, consultas de saldo o transferencias.
Els bancs les sobra els doblers per canviar totes les terminals no s'enten donar-los un marge de 10 anys. Idò a tots els que no les canviin que les obliguin a tenir un empleat, com se feia abans, per fer les operacions de les persones que tenen dificultat.