Archivada la denuncia de 36 policías contra el letrado de la Audiencia por el 'caso Cursach'

El juzgado de Instrucción 1 da carpetazo a la denuncia contra el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra el que se querellaron 36 policías locales por su actuación en el 'caso Cursach'. El auto acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones y rechaza que el querellado retuviera de forma «maliciosa» la sentencia de la macro causa para evitar la apertura de nuevas investigaciones contra el juez Manuel Penalva y el fiscal, Miguel Ángel Subirán. En paralelo, la resolución del juzgado de Instrucción 1 de Palma inadmite otra parte de la querella, en la que se aludía a que el letrado había actuado en «connivencia» con los magistrados de la Sala de lo Civil y penal del TSJIB, Carlos Gómez, Antoni Terrasa y Antonio Monserrat: «Resulta sorprendente hacer una afirmación tan grave sin exponer en la denuncia, en lo más mínimo, en qué consistió esa supuesta connivencia, los motivos de la misma y sus finalidades, extremo que en la denuncia resulta huérfana». El auto considera que esa acusaciones carecen de verosimilitud y de cualquier base probatoria y, por lo tanto, inadmite esa parte de la querella.

El foco de la querella estaba en el retraso en enviar a los juzgados de instrucción de Palma las nuevas investigaciones ante posibles delitos que había señalado la Audiencia Provincial tras el juicio del 'caso Cursach'. El tribunal ordenaba investigar a una decena de testigos por mentir en el acto del juicio, también una posible obstrucción a la justicia cometido por siete de los empresarios y policías que desencadenaron el inicio del ‘caso Cursach’ y además si el juez y el fiscal coaccionaron a testigos e investigados. La sentencia se dictó en 2022 pero, hasta hace unas semanas no se enviaron esas deducciones de testimonio. El auto descarta que se debiera a una actuación premeditada del funcionario y valora que, en ese tiempo, se han producido múltiples incidencias en la Audiencia en torno a la macro causa, entre ellos un intento de querellarse contra los fiscales, denuncias a las magistradas y una prolongada disputa sobre los recursos de casación. De hecho, a día de hoy la sentencia aún no es firme y está pendiente de lo que resuelva el Supremo sobre un único recurso que permanece firme. Eso, junto a la carga de trabajo que tiene la Audiencia conduce al juez a concluir que esas dilaciones son explicables y que no existe una finalidad premeditada por parte del letrado.

En auto no es firme y será recurrido por los denunciantes, representados por el abogado Vicente Campaner. La Fiscalía había informado antes del auto a favor del sobreseimiento de la causa por razones similares a las que esgrime el magistrado. El auto insiste en torno a los magistrados del TSJIB en que «no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos que, desde el primer momento, no se presentan como verosímiles, en tanto que carecen de cualquier apoyo probatorio, aportado en la denuncia que pueda ser considerado accesible o racional». En cualquier caso, señala que los querellantes debieron de haber acudido al Tribunal Supremo ante el aforamiento de los miembros de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB.