Con un despliegue policial acorde a los hechos que se juzgan, la Audiencia Provincial acoge desde este lunes el juicio contra 51 presuntos narcos que fueron detenidos en una de las operaciones contra la droga más ambiciosas llevadas a cabo por Guardia Civil y Policía Nacional en Mallorca. La actuación policial llevó a los mayoristas que suministraban la droga desde Barcelona y Valencia y llevó a la incautación de más de 1.500 kilogramos de cocaína. La Fiscalía pide en conjunto para los acusados penas que superan los 400 años de prisión. La vista está prevista que se prolongue durante semanas.
Según relata la calificación del Ministerio Público, la banda tenía tres ramas: una en Mallorca dedicada al transporte y dos en la Península que adquirían la droga en Sudamérica y la vendían al grupo mallorquín. Esta organización ejercía luego como distribuidora de la coca entre grupos que la colocaban a los consumidores finales en la Isla: entre ellos varios puntos de venta en Son Banya, con clásicos del poblado como ‘El Ove' entre los acusados.
La rama mallorquina, según el fiscal, tenía como cabecilla a un camionero español. Este, junto con un grupo de confianza, captaba a transportistas para que camuflaran la droga en sus transportes habituales. La droga se recogía en Barcelona, sobre todo en la Zona Franca, a las otras dos organizaciones, compuestas fundamentalmente por sudamericanos. El transporte en camiones convencionales llegaba sobre todo el Port de Alcúdia. Desde allí se llevaban los estupefacientes a una nave del Polígono de Marratxí que funcionaba como una especie de ‘mercadroga' en el que se surtían los pequeños traficantes de la Isla.
La Policía Nacional y la Guardia Civil iniciaron investigaciones independientes sobre el grupo que se unieron para un operativo conjunto en el que intervinieron más de 600 agentes para llevar a cabo setenta registros diferentes en Palma, Cataluña y Valencia. Las peticiones de condena por parte de la Fiscalía son muy elevadas: once años y medio para los cabecillas y más de diez para el grueso de los acusados, a los que pide condenar por delitos contra la salud pública y de organización criminal. Suma multas que llegan a los tres millones de euros.