La Audiencia de Palma suspendió el pasado 17 de febrero un macrojuicio por estafas con casas modulares en Mallorca después de que el constructor y su mujer cambiaran de abogados. «Son más de 2.000 folios de la causa y no hemos podido mirar nada», dijo una de las nuevas defensas, que no tuvo tiempo de preparar el juicio.
«Si el cambio de letrado, a pocos días de la vista, es una argucia para que se aprecie dilaciones indebidas que sepan que no van a ser consideradas», advirtió la presidenta del tribunal, que acordó la suspensión de la vista oral.
La sala ha señalado nueva fecha de juicio para junio del año 2028. Algunas de las víctimas se han mostrado indignadas con el nuevo calendario. «Es una auténtica vergüenza que aplacen este juicio a 2028, es una estrategia de los acusados», apunta uno de los afectados.
«Van a pasar diez años del delito hasta que se juzgue». Uno de los perjudicados, que prefiere no revelar su identidad, se considera una doble víctima. «Por la estafa y por la Justicia al sentirme desamparado completamente».
La Fiscalía reclama penas que suman 21 años de cárcel para los tres procesados por un delito de estafa agravada y que indemnicen con más de medio millón de euros a las once víctimas por las cantidades que abonaron por las viviendas que nunca se construyeron.
El Ministerio Público sostiene que el constructor constituyó la sociedad Grupo GRC Modular Mallorca en el año 2016. La mujer también trabajaba en la empresa, que se dedicaba a la fabricación de fibrocemento y a la promoción inmobiliaria. El constructor, su mujer y el socio de ambos crearon su propia web y se anunciaron en otras páginas especializadas en la construcción, como Habitissimo, para captar clientes.
Los procesados, según el relato del fiscal, realizaban ofertas más bajas que las convencionales y pedían pagos por adelantado para construir las casas modulares.
Sin conocimientos técnicos
Lo hicieron «a sabiendas de que no podrían construir al carecer de conocimientos técnicos necesarios y del personal adecuado para las prometidas construcciones». Los acusados iban cambiando el personal técnico de la empresa porque comerciales y arquitectos acababan marchándose por falta de pago del salario o por la imposibilidad de realizar su trabajo.
Uno de los afectados pagó 218.000 euros por una casa modular
Jaime Durán, uno de los afectados, pagó 218.000 euros por una casa modular en Son Peretó (Palma). «Me dijeron que en un plazo de cinco meses tendrían la casa construida», recuerda el hombre, que pagó cuotas mensuales de 23.000 euros más IVA hasta que se dio cuenta de que en el solar no había movimiento.