El juicio por las estafas con casas modulares en Mallorca, donde los tres acusados, un constructor, su socio y la mujer de este, presuntamente engañaron a 15 personas y se apropiaron de un total de 541.023 euros, ha sido suspendido la mañana de este lunes al cambiar de abogados los procesados y solicitarlo así sus nuevas defensas. «Celebrarlo hoy supondría una vulneración de los derechos fundamentales de los acusados, los que hemos conocido esta misma mañana en la Audiencia. Son más de 2.000 folios de la causa y no hemos podido mirar nada», ha señalado uno de los abogados al Tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Palma.
La presidenta ha decidido la suspensión, a la que se oponían tanto la Fiscalía como los abogados de los perjudicados, y ha lanzado un aviso a los enjuiciados. «Si el cambio de letrado a pocos días de la vista es una argucia para que se aprecie dilaciones indebidas que sepan que no van a ser consideradas». El letrado que contrataron hace escasas semanas renunció a su defensa hace unos días. La nueva fecha del juicio dependerá de la disponibilidad de la Sala.
El Ministerio Público recoge en su escrito que el constructor constituyó la sociedad Grupo GRC Modular Mallorca en 2016. Su mujer también trabajaba en la empresa, que se dedicaba a la fabricación de fibrocemento y a la promoción inmobiliaria. El matrimonio utilizaba un sistema modular del que habría obtenido un certificado emitido por el instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja. El documento les permitía realizar el cerramiento de fachadas con paneles prefabricados con un material llamado GRC. El documento, en realidad, había sido falsificado por la pareja, que usó otro certificado que había sido emitido para otra empresa y sustituyeron el nombre de esta por la suya.
El principal acusado ya tenía antecedentes por delitos de falsedad en documento privado y estafa. El juzgado de Instrucción número 1 de Inca le condenó en octubre de 2016 a dos años de cárcel y una multa de 360 euros. La misma jueza le impuso un año y cuatro meses de prisión por los mismos delitos en 2017. El constructor, su mujer y el socio de ambos crearon su propia web y se anunciaron en otras páginas especializadas en la construcción, como Habitissimo, para captar clientes. Los procesados, según el relato del fiscal, realizaban ofertas más bajas que las convencionales y pedían pagos por adelantado para construir las casas modulares.
Lo hicieron «a sabiendas de que no podrían construir al carecer de conocimientos técnicos necesarios y del personal adecuado para las prometidas construcciones», según la Fiscalía. El matrimonio y su socio llegaron a abrir unas oficinas en Inca. Los acusados iban cambiando el personal técnico de la empresa porque comerciales y arquitectos acababan marchándose por falta de pago del salario o por la imposibilidad de realizar su trabajo.
Qué país de pacotilla!!!