«La pretensión es descabellada». «El motivo se reduce, pues, a un ejercicio de maniqueísmo» o «más que una crítica jurídica lo que se hace es un análisis gramatical». La Fiscalía del Tribunal Supremo se despacha con dureza contra el recurso presentado por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán contra su condena a nueve años de prisión por obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir delito por sus actuaciones en los casos ORA y Cursach. El Ministerio Público ha pedido que se inadmitan los recursos de todos los condenados, también los de los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. En cualquier caso, la pretensión principal que ejerce la Fiscalía ante el Supremo es que los dos sean condenados por tres delitos de detención ilegal por intervenir en los arrestos sin base de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, lo que les supondría una condena de 16 años y medio. El TSJIB consideró esos hechos como un delito de coacciones.
En su escrito, el fiscal sólo pide que la Sala estime uno de los motivos de casación presentados por las acusaciones: el de compensar económicamente a los familiares del expolítico por el daño sufrido por sus detenciones que, el TSJIB consideraba que tenían como objeto que este admitiera delitos en torno al ‘caso ORA’, que nunca llegó a ser juzgado y se archivó en instrucción.
La defensa de Penalva y Subirán plantea la absolución de ambos. En distintos motivos, en primer lugar intenta recuperar las peticiones de nulidad de toda la causa que ya esgrimieron en el juicio por supuestas irregularidades en la investigación. Sobre uno de ellos, el informe de Fiscalía manifiesta: «Tan ambicioso planteamiento, que convierte la actuación policial en una auténtica masacre de derechos, exigiría del recurrente un prolijo desarrollo del motivo». Lo considera insuficiente y se remite a la sentencia del TSJIB que desestimó esas peticiones por la entrega voluntaria del teléfono móvil por parte de uno de los agentes de Blanqueo. En ese dispositivo aparecieron los grupos de WhatsApp que implicaban a juez y fiscal.
En otro grupo de motivos de casación, Penalva y Subirán plantean que su conducta no fue delictiva. El fiscal se remite a lo que declaró probado el TSJIB y entiende que sí integran distintos tipos penales. El tercer bloque del recurso intenta buscar vías para rebajar las condenas. En primer lugar por un posible atenuante por el retraso en la causa que, para el Ministerio Público no existe por su complejidad. En segundo por el de «pena natural»: por el daño que ambos han sufrido por sus delitos que el fiscal considera descabellado.
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El ‘caso Cursach’ también llega al Tribunal Supremo con dos años de retraso
En paralelo al fallo del TSJIB que condenaba al juez instructor y al fiscal del ‘Caso Cursach’, el Tribunal Supremo ha iniciado los trámites por el recurso contra la sentencia de la fallida macrocausa. La absolución de la Audiencia Provincial, que fue dictada en diciembre de 2022, aún no es firme porque la recurrió un empresario de Magaluf, representado por la abogada Teresa Bueyes. La pretensión es anular el juicio y toda la instrucción por una petición que la Audiencia desestimó para incluir más hechos en el juicio relacionados con Calvià. Aunque la acusación se apartó en el juicio, de la firmeza dependen nuevas causas contra juez y fiscal que apuntaba la Audiencia por coacciones a testigos. Las defensas han pedido la inadmisión del recurso por plantearse fuera de plazo y porque Bueyes renunció a la acusación durante el juicio.