La Policía Nacional ha desarticulado en Mallorca una red que explotaba a repartidores, que trabajaban en condiciones de semiesclavitud: siete días a la semana y cobraban tres euros la hora. La organización se quedaba la mayor parte de los beneficios de los empleados.
Los agentes han detenido a dos hombres y una mujer que se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad económica de las víctimas en Colombia. El cabecilla ya ha ingresado en prisión.
El Grupo de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) IV de la Policía Nacional recibió información por parte de una persona extranjera que alertaba sobre la posible situación de explotación laboral.
Los agentes abrieron una investigación que se ha prolongado a lo largo de cuatro meses y consiguieron identificar a un grupo organizado que se dedicaba a captar trabajadores en Colombia para su explotación laboral en España.
La red ofrecía a las víctimas falsas promesas laborales en Mallorca. Una vez en España, les asignaban una cuenta de usuario adicional de una empresa de entrega de pedidos a domicilio, donde trabajaban en condiciones infrahumanas: jornadas laborales de 12 horas diarias los siete días de la semana.
Los explotadores, que se quedaban con la mayor parte de sus ingresos, no formalizaban ningún contrato laboral ni les ofrecían cobertura sanitaria, lo que dejaba a las víctimas en una situación de completa indefensión.
La organización facilitaba el dinero para el traslado de los perjudicados a España y les aleccionaban sobre cómo comportarse y qué declarar en los controles policiales. Una vez en el país, las víctimas eran obligadas a cortar todo contacto con sus familias y a eliminar su rastro en redes sociales con el objetivo de aislarlas completamente y enfocarlas en el cumplimiento de las jornadas laborales.
Los trabajadores vivían en condiciones deplorables: cuatro personas compartían una habitación y dormían en colchones en el suelo. La organización los trasladaba a Inca, donde les asignaban una moto para realizar los repartos.
Los responsables de la red actuaban «con total deshumanización», según ha informado la Policía Nacional este sábado en una nota. Se preocupaban exclusivamente por el estado de los vehículos en caso de accidente y no proporcionaban ningún tipo de atención a las víctimas.
Un integrante de la organización se encargaba de gestionar y controlar las cuentas adicionales de la empresa. Los perjudicados debían acudir a él en caso de incidencias para desbloquear las cuentas y poder continuar con su agotadora jornada laboral.
Reparto de tareas
El cabecilla del grupo era conocido por su carácter violento. Presionaba a las víctimas para que regresaran a su país de origen ante cualquier sospecha de una posible investigación policial. En algunos casos las expulsaba del domicilio y no tenía escrúpulos en dejar a familias con niños en situación de indigencia. El objetivo del jefe de la organización era lograr la total dependencia de los perjudicados, aislándolos de cualquier tipo de apoyo familiar o social.
La mujer investigada se encargaba de la logística del reparto y del control de las jornadas laborales y el otro hombre gestionaba las cuentas bancarias de la red y adquiría los vehículos para repartir.
Flota de vehículos
Los agentes de la UCRIF IV de la Policía Nacional llevaron a cabo el pasado miércoles una operación que se saldó con la detención de dos hombres y una mujer por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y amenazas.
Los investigadores se incautaron de la flota de vehículos utilizados por los repartidores que eran explotados: cuatro motos y un coche. Los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Inca, que se hizo cargo de los vehículos intervenidos.