El administrador de Cárnicas Vicente ha negado este lunes haber vendido alimentos adulterados o caducados y ha defendido las prácticas de congelación que llevaba a cabo, así como la gestión que hacía de sus productos asegurando que en ningún momento le fue notificada una prohibición para congelar o descongelar productos.
«Ahora mismo puede acudir al supermercado y comprar carne que caduca hoy mismo, congelarla y alargar su vida útil», se ha defendido en la primera sesión del juicio, que está previsto que se prolongue durante toda la semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre 2013 y 2018 y el administrador está acusado de distribuir productos cárnicos con problemas de trazabilidad y etiquetado.
Según el Ministerio Público, a pesar de tratarse de productos con fecha de vencimiento próximo o ya caducados, se presentaban con etiquetados modificados, con el consiguiente riesgo para los consumidores. El procesado, sin embargo, ha negado las acusaciones explicando que compraba producto fresco, aunque con fecha de caducidad cercana, lo congelaba para alargar su vida útil y, al descongelarlo, se etiquetaba con la nueva fecha de consumo preferente según el tipo de producto.
Además, según ha asegurado, en su cartera de clientes figuraban «restaurantes de prestigio» que le compraban el producto a sabiendas del modo de proceder de la sociedad. «Si nuestro ánimo hubiera sido engañar, hubiéramos comprado producto congelado y no fresco», ha argumentado. El administrador de la sociedad ha admitido inspecciones en las que se detectaron deficiencias, aunque ha asegurado que nunca recibió una prohibición expresa de seguir con las prácticas ni recibió tampoco respuesta a sus alegaciones.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes y previsiblemente durante toda la semana el juicio contra el administrador de Cárnicas Vicente, que se enfrenta a dos años de prisión por vender durante años carne caducada. Fiscalía pide para el administrador de la mercantil, ubicada en Marratxí (Mallorca) dos años de cárcel por un delito contra la salud pública. La Conselleria de Salud suspendió cautelarmente la actividad de la empresa y se inmovilizó el género antes de ser destruido.