Sorpresa, incredulidad y asombro. La jueza de guardia ha ordenado la puesta en libertad y sin ningún tipo de medidas preventivas contra los integrantes de una de las bandas de carteristas internacionales más activas. Esta polémica decisión judicial, provocada porque Fiscalía no ha solicitado medidas, ha caído como un jarro de agua fría entre los investigadores y el enfado policial es mayúsculo. Nadie entiende los motivos por los que la jueza ha decidido no enviar a prisión a los cabecillas y, mucho menos, no tomar ningún tipo de medida cautelar.
Los arrestados, defendidos por el abogado Miguel Ángel Ordinas, se han acogido a su derecho de no declarar ante la titular de Instrucción número 3 de Manacor, que los ha dejado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. La autoridad judicial ha descartado interponer una orden de alejamiento del centro de Palma y zonas turísticas sobre los miembros del grupo criminal. Del mismo modo, también rechaza el ingreso en prisión de todos ellos.
Esta banda actuaba en equipos con un claro reparto de tareas, desplazándose en vehículos de alquiler que cambiaban con frecuencia y en cortos periodos de tiempo. Nada hacía presagiar que una finca de campo okupada de Campos era la base de operaciones y epicentro de una de las mayores redes de carteristas a nivel internacional. A primera hora de este pasado martes, el Grupo de Investigación Centro, en colaboración con la Policía Local de Palma, llevaron a cabo un operativo policial contra el crimen organizado, practicando una entrada y registro en una vivienda ubicada en un terreno rústico de Campos.
En el marco de esta importante operación, se desarticuló un grupo criminal de carteristas muy activos y se procedió a la detención de cuatro personas; tres hombres y una mujer de origen rumano. Todos ellos están acusados de ser los presuntos autores de un delito de integración en grupo criminal, estafa y hurtos, los cuales se dedicaban de forma sistemática a cometer robos al descuido en la zona de mayor afluencia de personas en el centro de Palma. Los arrestados seleccionaban a sus víctimas, en su mayoría turistas de mediana o avanzada edad y actuaban en zonas de mayor concentración de personas del centro de Palma como La Seu, Plaza de España, centros comerciales, Passeig Marítim y Platja de Palma, así como en otros puntos de Mallorca.
La forma de actuar era la aproximación a las víctimas, en equipos de trabajo formados por dos o tres integrantes cada uno de ellos. Uno de ellos se situaba delante para ralentizar la marcha de la víctima mientras otro, conocido en el argot policial como «picador» se colocaba detrás cometiendo la sustracción de la cartera. Los beneficios obtenidos por los integrantes de la banda son muy altos. El beneficio obtenido a diario era entre 500 y 1.000 euros diarios por persona, superando los 10.000 por día.