Libertad con cargos, retirada de pasaporte y personación cada día 1 de mes en el juzgado. Esta ha sido la decisión del juez de guardia sobre el empresario austríaco Christian Arnsteiner acusado de la muerte de cuatro personas en el derrumbe del Medusa Beach Club, ubicado en la primera línea de la Playa de Palma.
El acusado ha sido trasladado a dependencias policiales a primera hora de la tarde de este miércoles donde pasó a disposición judicial en los juzgados de Vía Alemania de Palma ante una gran cantidad de medios de comunicación de ámbito local, autonómico, nacional e internacional.
Horas antes, Christian Arnsteiner era detenido por el Grupo de Homicidios por la comisión por omisión de cuatro homicidios por imprudencia grave y otros seis por lesiones graves por imprudencia. La investigación sigue abierta y en las próximas semanas se podrían registrar nuevos arrestos o imputaciones de personas vinculadas con el caso.
El informe elaborado por los técnicos municipales del Ajuntament de Palma ha resultado determinante para la detención del propietario. El mismo refleja de forma contundente que la terraza del Medusa Beach Club carecía de licencia. Es decir, era ilegal y, por consiguiente, no era transitable. El documento realizado por los funcionarios del departamento de Urbanisme de Cort y de los Bombers de Palma, también revela que el sótano del local, en la que se encontraba ubicada la discoteca Coco Rico, sí disponía de licencia de actividades en vigor.
La planta baja del Medusa Beach Club, donde se encontraba el restaurante, según la documentación municipal, también disponía de los permisos pertinentes. Así, todo el foco está puesto sobre la terraza 'chill out' con acceso por la parte trasera del local, que no contaba con permiso alguno para poder ser transitada y ejercer actividad. Una vez analizada toda la documentación, el fiscal de Riesgos Laborales, el juez instructor de la causa y los investigadores, han decidido consumar la detención del máximo responsable del establecimiento. Todo ello, por la vía penal. De forma paralela también está previsto que se declare una batalla entre compañías aseguradoras y la propiedad por el pago de las millonarias indemnizaciones a las que tendrán que hacer frente.