Después de ‘El Ico' le llega el turno a la madame. El juzgado de Instrucción 12 de Palma ha iniciado los trámites para juzgar a la antigua testigo estrella del ‘caso Cursach' por mentir a lo largo de aquella instrucción, que salpimentó de acusaciones de uso de prostitutas, sicarios y sobornos que más tarde se mostraron que eran mentiras flagrantes, según lo reconocido en varias ocasiones por la propia madame.
En una de las dos causas que se siguen contra ella por falso testimonio, denuncia falsa y simulación de delitos, el magistrado ha dictado un auto en el que inicia los trámites para que sea juzgada. En estas diligencias se le atribuyen mentiras en torno a tres personas: el exjefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera, el agente Daniel Montesinos y el sobrino de Bartolomé Cursach.
El auto recoge que las declaraciones falsarias sobre este último por parte de la entonces testigo protegida provocaron que ingresara en prisión preventiva, lo queabre la puerta a que, al igual que ‘El Ico' o ‘El Trilero' sea acusada también por un delito de detención ilegal, lo que multiplicaría una posible condena.
El auto recuerda que las primeras declaraciones de la madame se produjeron en marzo de 2017, poco después de la detención del empresario Bartolomé Cursach. Según los informes policiales, su primer objetivo fue el sobrino del empresario, que en ese momento era su casero y al que debía dinero. Le acusó de amenazarla, lo que detonó su ingreso en prisión preventiva. Para dar más crédito a sus declaraciones denunció que unos sicarios le habían dado una paliza. Resultó que las heridas correspondían a un accidente doméstico.
Sus declaraciones se multiplicaron en la causa en apenas medio año. Se presentó como la responsable de un piso de alterne en Palma, acusó a políticos y mandos policiales de acudir al local y no ahorró detalles escabrosos. Hasta habló de paellas repletas de cocaína. Sin embargo, resultó que el burdel nunca fue suyo, ni estaban donde ella decía cuando ella decía. Fue incapaz de dar datos obvios como que el jefe de la Policía Local, Antoni Vera, es alto: mide más de 1,90.
Su última denuncia apuntaba a dos policías nacionales. Se demostró que era falsa y en su reacción provocó la recusación del juez Manuel Penalva y el inicio de la implosión del caso. En el TSJIB admitió que había mentido y culpó de ello al juez Penalva y al fiscal Subirán. En ese momento ya no se creyó en sus declaraciones.