Condena de mínimos en el 'caso Exámenes' y con discrepancia en el Tribunal. La Audiencia Provincial solo condena a uno de los cinco acusados en la causa, el exdirector general de Seguretat de Cort, Enrique Calvo. Le impone una pena de 13.500 euros multa y una inhabilitación. La resolución considera que es el único responsable de la filtración. El antiguo jefe de la Policía Local, Antoni Vera, el comisario Rafael Estarellas y los dos agentes acusados de recibir las preguntas, Santiago Adrover y Tomás Más son absueltos. La sentencia cuenta con un voto particular, formulado por la magistrada que iba a ser la ponente inicial de la resolución que aboga por absolver a todos los acusados por falta de prueba.
La tesis mayoritaria considera demostrado que «las preguntas y respuestas del examen se filtraron por el acusado Enrique Calvo y de ello se beneficiaron los acusados Tomás Más y Santiago Adrover». Apuntan el convencimiento de lo ocurrido en el mensaje de correo electrónico que llevó a un notario el agente de la Policía Local Daniel Montesinos, que inicialmente estaba acusado pero que pasó a ser testigo en la primera sesión del juicio. Sin embargo, una serie de nulidades en la prueba dejan al tribunal sin poder seguir la pista del correo. Una irregularidad al inicio de la instrucción al ser citado a Montesinos en cuatro ocasiones como testigo cuando había indicios para imputarle, llevan a que el tribunal, de forma unánime, declare que no puede valorar el archivo de correo y sus datos. Por lo tanto, más allá de que Calvo tenía y pasó las preguntas, no se sabe cómo le llegaron a él ni cómo las envió. De esta forma, los dos agentes supuestamente beneficiados son absueltos. «Ambos tuvieron las respuestas, pero no podemos concluir cómo accedieron a él». Así, no hay elementos para condenarles por un delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía les reclamaba un año y medio. El voto particular también defiende su absolución pero no por este motivo concreto.
Sobre los dos principales mandos policiales implicados, todo el tribunal coincide de forma unánime en que no existen datos suficientes para establecer que llegaron a un acuerdo para filtrar las preguntas. De hecho, la sentencia deja en el aire cómo le llegó el cuestionario en el año 2011 a Calvo. A este acusado también las tres magistradas le exculpan de un delito de prevaricación. Eso implica que se rechaza la nulidad de todo el proceso de ascenso a oficiales y todos los que lo superaron conservarán sus plazas.
El voto particular carga con la prueba puesta encima de la mesa. «Debo comenzar señalando que se ha hurtado a la Sala la valoración de la información que pudieran haber haber aportado los agentes de la Guardia Civil que dirigieron la investigación. sorpresivamente, las acusaciones no han propuesto su declaración».