Fin al juicio del 'caso Exámenes' de la Policía Local de Palma. La última sesión de la vista oral por la supuesta filtración de siete preguntas en 2012 tiene el visto para sentencia. Como en el resto de juicios asociados al 'caso Cursach', y en este está el origen de todas las investigaciones, los acusados han denunciado la persecución vivida durante años. El ex intendente jefe de la Policía Local, Antoni Vera, atacó la falta de imparcialidad y objetividad del fiscal que se encargó, Miguel Ángel Subirán: «En 1983 conseguí cumplir un sueño: ser policía. No podía imaginar lo que he vivido estos diez años».
Vera fue primero imputado por los exámenes, pero se vio en otras tres causas más, entre ellas una provocada por la declaración de la madame del caso. En el juicio lo vinculó con la amenaza que le hizo Subirán en su despacho tras una serie de protestas por un aire acondicionado que molestaba al fiscal y que denunció ante la Policía Local. Ese episodio ocurrió al mismo tiempo que se iniciaba la investigación y Subirán nunca aludió a su mala relación con Vera. También recordó un mensaje de whatsApp del juez Penalva, condenado a nueve años de cárcel al igual que Subirán, que siguió a una absolución al exintendente: «Ya le joderemos». «Tres semanas después apareció la madame. Son datos escalofriantes».
En una línea similar, el comisario Rafael Estarellas, que afronta ahora su cuarto juicio tras se exculpado otras tres ocasiones afirmó que Subirán fue manipulado: «Existe un verdadero autor intelectual. Haré lo posible por llevar a la Justicia a ese monstruo».
Los informes de las defensas han insistido en la falta de prueba directa de que el examen se filtrara y en tildar de «absurda» la tesis de la acusación: Según la Fiscalía, Vera y Estarellas hicieron llegar las preguntas al director general, Enrique Calvo y este se las envió al policía Daniel Montesinos para que fuera éste quien se las remitiera a los dos aspirantes supuestamente beneficiados. El abogado de Calvo, Antoni Monsterrat, recordó que su representado era amigo íntimo de uno de los beneficiados y que no tenía sentido alguno que se lo enviara a otro. Otro punto en común de las defensas es que no existe prueba del acuerdo previo entre Calvo, Estarellas y Vera.
Con todo, el objetivo fundamental de los abogados ha sido el testigo clave, Daniel Montesinos, al que la Fiscalía retiró la acusación al inicio de las sesiones. También restan validez al documento que entregó en una notaría. «Es un pantallazo que no acredita nada». Otro de los argumentos es la posibilidad de que la identidad de Calvo fuera suplantada ante la falta de seguridad informática en el cuarte.
Las defensas de los dos acusados que recibieron las preguntas plantean otra pega: ellos no tenían obligación de sigilo y si alguien les envió las preguntas les hizo un "regalo envenenado", según el abogado José Ignacio Herrero, pero eso no supondría la comisión de un delito. El final del juicio deja solo una pieza pendiente: «Nos vemos en 28 días», le recordó uno de los acusados al fiscal. Se trata de la pieza vinculada al empresario Miguel Pascual, una especie de espejo del 'caso Cursach' en la que se le acusa de sobornar a agentes de la Policía Local.