La Fiscalía y el Ajuntament de Palma mantienen la acusación contra los mandos policiales por el supuesto amaño de la oposición para el ascenso a oficiales del año 2012. La única novedad de peso en las conclusiones definitivas de las acusaciones fue la retirada de la acusación contra el inspector Emilio Quetglas, acusado inicialmente de omisión del deber de perseguir delitos. El mando policial acreditó en el juicio que sí que llevó a cabo una serie de diligencias para aclarar siete denuncias interpuestas contra un agente.
Así, tras la práctica de la prueba en el juicio quedan fuera dos de los siete acusados iniciales, Quetglas y Daniel Montesinos, que se convirtió en testigo en la primera sesión del juicio para afianzar la prueba clave.
La Fiscalía mantiene una petición de un año y medio de cárcel para los otros cinco: el exdirector general de Seguretat, Enrique Calvo; el entonces intendente jefe, Antonio Vera; el comisario Rafael Estarellas y los dos agentes que recibieron el examen y eso les habría permitido convertirse en oficiales. Anticorrupción sostiene que la filtración de siete de las diez preguntas de una de las pruebas responde a un plan previo de la cúpula policial para beneficiar a los dos aspirantes.
La última sesión de prueba del juicio volvió a ser un cursillo acelerado de informática. Varios peritos comparecieron para intentar acreditar, por el lado de las acusaciones, que el documento con las preguntas era idéntico a uno que había en el ordenador del jefe. Las defensas, por su parte, intentaron introducir dudas sobre la posible manipulación del correo clave y sobre la investigación llevada a cabo sobre el mismo en la instrucción.