El hombre acusado junto a su madre de prostituir a mujeres traídas de Rumanía ha esquivado la cárcel, tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía por el que se han retirado de la acusación las referencias a la explotación sexual, dejando la condena en un delito de maltrato y coacciones. Los dos acusados, madre e hijo de 61 y 38 años respectivamente, se enfrentaban inicialmente a una petición de 20 años de cárcel, pero ninguno ingresará en prisión.
Ambos han aceptado una multa de 540 euros por un delito leve de coacciones sobre una de las víctimas, y el varón también asume dos años de cárcel por un delito de maltrato habitual sobre otra mujer, con la que mantuvo una relación sentimental. El procesado no tendrá que cumplir esta condena de dos años de cárcel porque se le ha concedido una suspensión, siempre y cuando pague una indemnización de 1.700 euros a su expareja y no cometa ningún otro delito en los próximos tres años. El varón tiene un único antecedente penal por un delito leve posterior a los hechos juzgados en este caso.
En virtud del acuerdo alcanzado, el hombre ha reconocido que en 2008 se aprovechó de la «extrema fragilidad» de una mujer en Rumanía, con la que inició una relación sentimental hasta conseguir su «total dependencia emocional». Con una falsa promesa laboral la trajo hasta Palma, donde la sometió constantemente a humillaciones y golpes hasta finales de 2015.
Como consecuencia de los hechos la mujer sufre de importantes problemas de memoria y otros trastornos de salud mental. Como parte de la condena, al varón se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima durante cinco años. Asimismo, tanto la madre como el hijo han confesado que a mediados de enero de 2015 desplazaron a otra mujer desde Rumanía con otra falsa promesa de una vida mejor. La madre viajó con ella en un vuelo desde Bucarest y la instalaron en su domicilio en Palma, consiguiendo así control total sobre ella.
En noviembre la mujer pudo marcharse a otra Comunidad Autónoma, donde los acusados la estuvieron hostigando con llamadas para amedrentarla, en las que le exigían dinero. Consiguieron así que la víctima les hiciera repetidas transferencias de pequeñas cantidades de dinero, en ocasiones por medio de terceras personas. Esta segunda víctima no ha comparecido en sede judicial a pesar de los requerimientos del Tribunal. La Fiscalía ha hecho reserva expresa de acciones civiles para esta segunda mujer.
Inicialmente, la Fiscalía acusaba al varón de haber quitado el pasaporte a su expareja una vez llegaron a España, y haberla obligado a trabajar en clubes de alterne bajo violencia física. Le imputaba también haberla entregado en 2013 a otras personas en Alemania para que fuera explotada sexualmente. Del mismo modo, acusaba a los procesados de haber prostituido también a la segunda mujer con el pretexto de que tenía una deuda con ellos, y de haberla chantajeado con la amenaza de enviar fotos íntimas a su familia. Finalmente estas acusaciones han sido retiradas del escrito.