Los organizadores del concierto de Romeo Santos en Palma han aceptado este martes en el juicio en la Audiencia Provincial penas que suman tres años y medio de cárcel. Los acusados, tres hombres y una mujer, han reconocido que se quedaron con 40.419 euros procedentes de la venta de entradas de la actuación del rey de la bachata. Los enjuiciados han admitido un año de prisión cada uno y sendas multas de 1.080 euros.
La encausada ha asumido seis meses de cárcel como cooperadora necesaria de la estafa continuada. El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y de reparación del daño después de que los procesados hayan consignado el dinero que se apropiación.
Los hechos tuvieron lugar en 2016. Romeo Santos anunció que iba a ofrecer un concierto en Mallorca el 16 de abril. La promotora Pal Mundo reprogramó la fecha al 30 de julio en el Palma Arena y, finalmente, canceló la actuación por «problemas logísticos y técnicos». La totalidad de las entradas se había vendido. El aforo estaba completo y las explicaciones efectuadas por los promotores carecían de fundamento.
Los acusados, según la versión de la Fiscalía, no realizaron ninguna promoción del concierto mediante carteles o publicidad, salvo a través de redes sociales. No contrataron ninguna empresa de servicios de apoyo en la producción de este tipo de eventos como es habitual ni efectuaron ninguna reserva de hoteles, vuelos y transporte para Mallorca necesarios para la celebración del evento.
La promotora Pal Mundo anunció un cambio de fecha del 16 al 30 de julio y los usuarios que deseaban el reembolso de las entradas no obtenían respuesta a través de los correos electrónicos. Muchos compradores que deseaban recuperar su dinero no lo consiguieron. La organizadora del evento contrató a un hombre en octubre de 2015 para el concierto de Palma y se encargó de recoger el dinero recaudado en los puntos de venta. El trabajador entregó a uno de los acusados 85.000 euros en marzo de 2016.
Los promotores redirigieron las reclamaciones a esos mismos puntos de venta para evitar que los compradores les reclamara a ellos la devolución de las entradas. La Fiscalía sostiene que los acusados «nunca planificaron ni organizaron adecuadamente» el concierto. Se limitaron a establecer distintas fórmulas de cobro. «Nunca tuvieron la intención de celebrar los conciertos ni de devolver las entradas, creando únicamente apariencia seria de organizarlos».