La Fiscalía reclama una condena de un año y ocho meses de cárcel a un mecánico naval de Palma por estafar 1.300 euros a un cliente. El Ministerio Público solicita que devuelva a la víctima la cantidad que le entregó para que comprara una serie de piezas para reparar el motor de un barco y el dinero que se gastó en las herramientas que le entregó y no utilizó.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2019. El acusado, de nacionalidad española, accedió a reparar el motor Yanmar 3YM30G, propiedad del perjudicado, que le entregó 1.000 euros como anticipo para la adquisición de nuevas piezas.
El mecánico no compró ninguna pieza, según recoge la fiscal en su escrito, ni empleó las que le proporcionó el dueño del motor, que las compró por recomendación del acusado y se gastó 300 euros. El procesado realizó una serie de trabajos inadecuados en el motor y su reparación fue antieconómica.
El abogado de la víctima, David Barón, pide para el mecánico dos años de cárcel por estafa y apropiación indebida. Según el escrito del letrado, el acusado, que tiene una condena por estafa, solicitó inicialmente al perjudicado 100 euros para llevar a cabo una revisión del motor.
El encausado le dijo que el motor era reparable y le pidió que le entregara 1.000 euros para comprar unas piezas. El mecánico le comentó que no encontraba las piezas para el motor y el denunciante se encargó de buscar el mismo motor por Internet. Antes de adquirirlo le preguntó si le servía para la reparación y el procesado le respondió que sí.
El nuevo motor, según el escrito del abogado, le costó 390 euros. Transcurrido el periodo de confinamiento por la Covid-19, el mecánico entregó a la víctima el motor y cuando este lo instaló en su barco se dio cuenta de que no funcionaba. El perjudicado contactó de nuevo con el acusado, que se llevó el motor a su taller. Días después desatendió las múltiples llamadas y mensajes del dueño del motor, que quería conocer el estado de la reparación.
A finales de octubre de 2020, el perjudicado comunicó al mecánico que le había denunciado y este decidió devolverle el motor sin reparar. La víctima lo llevó a otro taller para valorar si se podía reparar y le pidieron 586 euros. El hombre contrató a un perito mecánico que concluyó que era irreparable.
El abogado de la acusación sostiene que el mecánico sabía que las técnicas que utilizó para reparar el motor no eran efectivas y que los gastos de la víctima ocasionados a raíz de estos hechos ascendieron a 2.508 euros.