Tiene 76 años y en la actualidad su estado de salud es delicado. El hombre, un supuesto estafador sueco, se instaló con su mujer hace 20 años en una casa de Santa Ponça. «Toda su vida está en España y todo lo que posee está en Mallorca», indica su abogado. El septuagenario está acusado de estafar 733.800 euros a una empresa de construcción de carreteras en Suecia y se enfrenta a penas que podrían alcanzar los ocho años de cárcel por un delito continuado de estafa, apropiación indebida o apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. La Audiencia Nacional condiciona la entrega a Suecia del presunto delincuente a que cumpla la posible condena en España.
El Tribunal de Primera Instancia de Örebro, en Suecia, emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) el 1 de noviembre de 2022 para su enjuiciamiento por su implicación en unos hechos que ocurrieron entre finales de marzo de 2016 y el 6 de septiembre de 2019. Las autoridades judiciales de su país le reclaman por un total de 24 infracciones. El director ejecutivo y el jefe de economía de una empresa de construcción de carreteras encargaron al septuagenario la confección de 24 facturas falsas que contenían un dato erróneo sobre el presunto suministro de pintura por parte del investigado.
Ninguna pintura fue entregada y todas las facturas falsas fueron certificadas por los dos altos cargos de la compañía, que aseguraron el pago de las facturas desde la cuenta bancaria de la propia empresa al sueco instalado en Mallorca. El daño a la compañía, según el auto de la Sala de lo Penal Sección 1 de la Audiencia Nacional, se ha calculado en 733.800 euros. Las autoridades judiciales suecas consideran estos hechos como graves por el daño causado a la compañía y porque, además, se han falsificado documentos de forma sistemática.
La Guaria Civil de Calvià detuvo al hombre el 15 de diciembre de 2022. El supuesto estafador, asistido por una abogada de oficio, se acogió a su derecho de no declarar y quedó en libertad provisional sin fianza y con medidas cautelares. La defensa del septuagenario considera que no es necesario que tenga que ser llevado ante la justicia sueca cuando las pruebas en su contra están aseguradas y se encuentra localizado en su domicilio. «La Orden Europea de Detención y Entrega es una reacción arbitraria e injustificada por haberse negado a declarar, lo que constituye un abuso de derecho».
La Audiencia Nacional sostiene que no tiene razón. «Antes de la OEDE, la autoridad sueca libró en febrero de 2022 una Orden Europea de Investigación (OEI) a efectos de la práctica de diversas diligencias de investigación en España, lugar de residencia del reclamado, entrada y registro en su domicilio, información de sus cuentas bancarias y declaración ante la Guardia Civil en la que se negó a declarar». El hombre rechazó ser entregado, pero el tribunal señala que su extradición servirá para asegurar su presencia en el juicio a celebrar por unos hechos graves, la estafa de 733.800 euros a una empresa de construcción de carreteras sueca.