La Fiscalía y la acusación particular reclaman una condena de cinco años y tres meses de prisión y el pago de más de 760.000 euros como indemnización por el accidente en el que un motociclista sufrió la amputación de un pie en el Arenal. La cuantía en la que se fijan los daños por parte de la víctima y del Ministerio Público es de las más elevadas puestas encima de la mesa en un siniestro. Además, a la conductora se le reclama una pena de cárcel por saltarse un stop y provocar así el accidente y por fugarse del lugar.
La acusada circulaba por el Camí de Ca na Gabriela a las cinco y media de la tarde del seis de abril de 2021 en un Land Rover. Al llegar al cruce con la carretera Militar se saltó el stop y dio de lleno a una motocicleta. El choque provocó la sección de parte de la pierna izquierda a la víctima, que terminó a más de veinte metros del lugar de la colisión.
De acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los abogados Antonio Martínez y Manuel Ponce, la acusada no paró en ningún momento a pesar de que se dio cuenta del choque. Incluso, varios testigos señalaron durante la instrucción que unos minutos después del accidente volvió a pasar por delante del herido, de nuevo sin detenerse.
De hecho, para localizar a la infractora, la Policía Local de Palma difundió imágenes del vehículo y pidió colaboración ciudadana. La conductora se entregó seis días después de ocurrido el accidente.
Las acusaciones destacan que, el lugar en el que ocurrió la colisión era un cruce con buena visibilidad y perfectamente señalizado. En la zona, el límite de velocidad era de 40, ahora 30 por hora, ante la proximidad de un colegio. Dos testigos que vieron el coche pasar declararon que sobrepasaba ese límite. El atestado de la Policía Local describe cómo la motocicleta de la víctima frenó pero que no hay huellas de que la conductora acusada intentara detener el todoterreno.
El accidente tuvo graves consecuencias para la víctima, que perdió una extremidad cuando tenía exactamente treinta años de edad. Se le declaró una incapacidad total laboral y ha tenido que afrontar una larga rehabilitación, además de emplear una prótesis. Tanto la Fiscalía como la acusación particular también consideran víctima del accidente a la pareja del motociclista, que sufrió una situación de estrés post traumático. La pareja tenía un hijo y tuvo que suspender la boda, que estaba prevista pocos meses después del siniestro. El juicio está señalado ya en un juzgado de lo Penal de Palma.