Llegaban a su puesto de trabajo a las siete de la mañana, accedían a la nave industrial y los encerraban con llave. A las 19 horas, volvían los dueños del negocio a por ellos, les abrían la puerta y les permitían abandonar las instalaciones. Durante todo este tiempo, eran vigilados por un 'Gran Hermano', un dispositivo de cámaras de seguridad instalado en el interior de la nave y también en la zona exterior.
El pasado 14 de junio, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de una mujer, rumana de 40 años, que actuaba como gerente de dos empresas. Una de ellas, dedicada al arreglo de vehículos de chapa y pintura y otra de compra y venta de coches de segunda mano, ubicada en la calle Joan Alcover de Palma. Además, durante la operación policial también se detuvo a su marido, argentino de 56 años. La pareja está acusada de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los hechos comenzaron a principios de junio, cuando el grupo de la UCRIF recibió información de que en una nave del polígono de Son Castelló había trabajadores que realizaban jornadas laborales de 12 horas seguidas y que permanecían encerrados sin poder salir a la calle. Los informantes también apuntaron que se trataba de un taller clandestino cuyos trabajadores se encontraban en situación irregular en el país. Es más, los explotadores pagaban escasos tres euros a los 'ilegales' por hora trabajada.
Los presuntos autores también tenían instaladas en la parte del interior y exterior, cámaras de seguridad a fin de la de interior poder tener controlado al personal. Las del exterior eran para ver si venía alguna inspección de trabajo o policía poder avisar a los trabajadores para que salieran del lugar por la parte de atrás. Por una parte el marido se encargaba del taller y la detenida era la que gestionaba la empresa de compra venta de coches de segunda mano. Entre los dos, tenían la organización perfecta, él se encargaba de maquillar los coches con chapa y pintura mientras ella los vendía.
Los agentes de la UCRIF realizaron una entrada y registro, tanto en la nave del polígono como en la empresa de compra venta de coches, interceptando en el taller a tres trabajadores que se encontraban en situación ilegal en España, además de localizar hasta cinco trabajadores que no estaban dado de alta en la Seguridad Social. La pareja detenida se aprovechaba de personas que venían de terceros países en situación de necesidad para así pagarles muy poco y trabajar en condiciones de penuria. Una vez que por diversas razones los trabajadores tenían acceso a poder estar contratados legalmente, éstos no les contratan y les decían que se buscaran la vida en otro lado». También les prometían en si estaban un par de años trabajando con ellos, después les facilitarían el acceso para poder tener los papeles tras un contrato de empleo, siendo esas promesas mentiras. La Policía Nacional confirma que el presunto autor tiene cerca de ocho antecedentes por hechos similares.