Una trabajadora de una empresa de informática de Palma se apropió de 92.306 euros de la compañía. Había empezado a trabajar hacía solo una semana. La mujer, de 32 años y nacionalidad española, ha aceptado este jueves en la Audiencia Provincial una condena de cuatro años y nueve meses de cárcel y una multa de 945 euros. La acusada, que se encuentra en prisión, deberá devolver el dinero que sustrajo. Un juzgado consiguió bloquear 7.000 euros de una de sus cuentas que serán ingresados al propietario de la empresa.
Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2022. La mujer, que tiene antecedentes por delitos similares, empezó a trabajar en la empresa como ejecutiva de cuentas. Sus funciones eran reconciliar cuentas, hacer transferencias de pago a proveedores y comprobar que cada transferencia realizada correspondía a una factura. En ocasiones estaba autorizada para llevar a cabo pagos propios de la actividad de la empresa y para ello disponía de las claves de acceso a la plataforma digital bancaria de las cuentas corrientes de la compañía.
La acusada, según el escrito del abogado de la compañía, Pep Perelló, «gozaba de plena confianza de los administradores de la misma». Una semana después de empezar a trabajar, los días 21, 23 y 25 de noviembre, realizó desde la cuenta bancaria de la empresa una serie de transferencias a su favor. La mujer, sin el conocimiento ni consentimiento de la empresa para la que trabajaba, utilizó las claves de la banca electrónica y se hizo con el móvil de la compañía para llevar a cabo la firma digital que autorizara la operación. El teléfono, a veces, se lo cedía su superior y otras veces lo cogía la acusada.
El grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional abrió una investigación y detuvo a la mujer por un delito de estafa y otro de falsedad documental. Los agentes confirmaron que las dos cuentas receptoras de la importante cantidad económica estaban a nombre de la principal sospechosa y la detuvieron el 29 de diciembre. Los policías pudieron comprobar que la arrestada figuraba como implicada en una denuncia presentada el 8 del mismo mes por los propietarios de una casa que había alquilado.
La procesada hizo creer a los dueños que era una persona de alto poder adquisitivo y que trabajaba en el departamento de contabilidad de un bufete de abogados de Palma. Aportó una nómina falsificada y varios justificantes bancarios también simulados para reforzar el engaño. La pareja les entregó las llaves del piso y, poco después, se percataron que habían sido víctimas de una estafa. No habían recibido ningún ingreso por parte de la mujer.