«No se detenía a lo loco, a diestro y siniestro a todo el mundo». El subinspector del Grupo de Blanqueo, Miguel Ángel Blanco, que fue el principal investigador policial del 'caso ORA' ha defendido en su interrogatorio en el juicio que existían suficientes indicios policiales para llevar a cabo la operación y que el caso tenía suficiente motivación. Blanco, defendido por el letrado Pedro Horrach, ha declarado directamente a preguntas de éste. Su intervención, en realidad ha sido una larga intervención analizando su actuación y por qué consideró que el contrato de la ORA estaba amañado. Añadió que «de facto» los instructores de la causa fueron Penalva y Subirán y que autorizaron las detenciones. «Discrepo de ellos», que hablaron de detenciones policiales. También incluye un segundo nivel de control: Carrau y los mandos policiales, incluido el jefe superior de Policía. «Se entregó el atestado y el informe y tuvo que valorarlo todo. No solo validaron sino que justificaron y avalaron estas detenciones», dijo. Solo excluye al policía Iván Bandera. «No participó, pero Juan Carrau, sí».
Justifica que el testigo protegido 19, que denunció el caso «no era un espontáneo» y que dio datos concretos que se revelaron ciertos en otras declaraciones y en la que realizó en 2016 y que detonó la investigación. En aquel momento aludió a que Álvaro Gijón y José María Rodríguez habrían recibido un soborno por manipular el contrato. De nuevo, atribuye un papel clave a Juan Carrau en la investigación y sostiene que validó las sospechas que ellos tenían.
La declaración ha sido especialmente prolija en los indicios que derivaban de la tramitación administrativa. Desde informes jurídicos hechos en un día a un funcionario que se incorporó de una baja para presentar un documento. También alude al sobreprecio del concurso, que cifra en seis millones de euros y niega su falta de conocimientos técnicos. Dice que no eran necesario para concluir que existían indicios a nivel policial y que, algunos de ellos pudieron servir como base a una condena en el juicio. El caso se sobreseyó libremente por la Audiencia. Aún así insiste en que había diez indicios previos que justificaban la detención. «Eran indicios sólidos que nos decían que no estábamos tan equivocados, nos llevaron a la toma de decisión que llevó a la detención de doce personas. He venido a justificar la legalidad».
Blanco se ha enfrentado a las acusaciones particulares y ha acusado a algunas de mentir e intentar confundir a la Sala. «La decisión de detener a doce personas fue tomada de forma conjunta por el equipo investigador que lo conformábamos don Manuel Penalva, don Miguel Ángel Subirán y los inspectores del grupo».