El acusado de matar a tres personas que vivían en la calle en Barcelona en el mes de abril del 2020, en pleno confinamiento estricto por la pandemia de covid-19, ha reconocido este lunes en el juicio los hechos y ha aceptado una pena de 63 años de cárcel, de los que como máximo cumplirá 40. El acusado, un joven brasileño que perdió su trabajo de camarero a raíz del confinamiento, ha reconocido que el 16 de abril salió con un palo de hierro a matar a golpes a su primera víctima, que el 18 de abril hizo lo mismo y empleó la misma herramienta para matar a su segunda víctima y que el 27 de abril lo hizo una tercera vez con el mismo modus operandi.
Las tres víctimas vivían en portales de diferentes puntos de Barcelona y se han podido reconstruir los ataques -en los tres casos los mató golpeándoles en la cabeza con una barra de hierro mientras dormían- gracias a las grabaciones de diversas cámaras de seguridad. El primer asesinato lo perpetró alrededor de las 14:00 horas, el segundo, pasada la medianoche, y el tercero, pasadas las 23:00 horas.
En los tres casos, el acusado, que vivía en una caravana en la barriada de Les Planes de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), aprovechó que las víctimas estaban durmiendo para propinarles por sorpresa varios golpes en la cabeza. El acusado ha reconocido los hechos y se ha confesado culpable para aceptar un pacto con la Fiscalía y el resto de acusaciones, que han rebajado su petición de pena inicial -la prisión permanente revisable- a una pena de 20 años por cada asesinato más otros tres años por tres delitos contra la integridad moral, uno por cada víctima (un total de 63 años de cárcel).
Debido a la confesión, el juicio, que ha empezado este lunes y estaba previsto que durara hasta tres semanas, será mucho más corto porque las partes prescindirán de traer a la mayor parte de los testigos y peritos. Por ello, el interrogatorio del acusado se ha limitado al reconocimiento de los hechos: la fiscal le ha preguntado si se confesaba autor de cada uno de los tres asesinatos y el acusado, que ha contado con una intérprete de portugués, ha respondido con un 'sí' a cada interrogación.
Así, no se le ha podido preguntar por la motivación del triple crimen, de la que él no ha hablado en ningún momento del proceso judicial, si bien los forenses que le examinaron en la cárcel señalaron que en el momento de los hechos padecía un trastorno de la personalidad provocado por el consumo excesivo de drogas y alcohol. No ha quedado acreditado tampoco si tuvo algún contacto previo con las tres víctimas ni si tuvo incidentes con otros sintecho previamente.
La abogada de la Fundación Arrels (ONG que trabaja por los derechos de los sintecho), que ha actuado en el juicio como acusación popular, ha señalado en el turno de alegaciones previas de las partes que las tres víctimas murieron «por el hecho de vivir en la calle» y «que fueron atacadas por la aporofobia» del acusado.
«Vivir en la calle, mata», ha sentenciado la letrada de la entidad para denunciar la vulnerabilidad de las tres víctimas, al tiempo que ha recordado que a día de hoy en Barcelona sigue habiendo 1.200 personas que viven en la calle y siguen expuestos a esas vulnerabilidad.
La fiscal del caso, Elena Contreras, ha subrayado la gravedad de los hechos dado que el acusado aprovechó el confinamiento para atacar a estas personas, que en aquel momento eran especialmente vulnerables y que no podían pedir ayuda a nadie porque no se podía ir por la calle.
Por el hecho de haberse aprovechado de dicha vulnerabilidad, se han imputado al autor confeso de los hechos tres delitos -uno por cada víctima- contra la integridad moral. Además de los 63 años de cárcel, de los que la ley solo permite cumplir un máximo de 40, la familia de una de las víctimas pide 340.000 euros en concepto de indemnización. A pesar de contar ya con la confesión del acusado, el juicio seguirá en los próximos días con la declaración de algunos testigos porque así lo exige la ley.