El boxeo balear está contra las cuerdas. La delicada situación en la que ha quedado la Federación Balear después de la detención de su presidente y vicepresidente, Jorge y Manuel Sánchez, a cargo de la Policía Nacional, acusados de favorecimiento de la inmigración ilegal, además de estar sobre la mesa otros posibles delitos relacionados e investigados en vinculación con la gestión de la territorial y las competiciones, siembra de interrogantes el porvenir de un deporte con numerosos practicantes a nivel aficionado, clubes y un número de licencias menor a las 500 en las islas.
A la espera de acontecimientos y saber qué determinación tomará el juez respecto a los detenidos y encausados, tras una operación derivada de una larga investigación llevada a cabo por el Grupo IV de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF), adscrito a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, el mundo del boxeo aguarda noticias, más cuando en unos días está previsto desarrollar en Ibiza un Campeonato de Baleares de la especialidad, cuya celebración está en el aire en este momento.
Los agentes de la UCRIF llevaban un largo tiempo investigando la presencia de púgiles extranjeros (nicaragüenses preferentemente) en algunas competiciones. Esos deportistas residían en España de forma irregular y poseían licencia otorgada por la Federación Balear de Boxeo. De hecho, semanas atrás, se personaron en una velada prevista en Felanitx y que suspendida tras la intervención de los agentes, vinculada a esta investigación.
Desde el Govern Balear se está a la espera de conocer más detalles y el avance de la investigación para marcar la línea de actuación a seguir, bajo las pautas de la nueva Llei de l'Activitat Física i l'Esport, que ofrece un mayor marco competencial y en la que se establece un régimen sancionador que se podría aplicar en el asunto en cuestión y que, en el caso de infracciones muy graves, comprendería desde una multa hasta la inhabilitación a perpetuidad. A la espera de las posibles medidas cautelares, si el presidente y el vicepresidente tuvieran restringidos los movimientos o su radio de actividad, el vicepresidente segundo sería el encargado de tomar las riendas de la territorial y asumir la presidencia interinamente.
En el caso de que el juez dicte prisión y quedara desmembrada la junta directiva de la Federación Balear de Boxeo, el Govern, a través de la Direcció General d'Esports, podría obligar a la territorial a convocar una Asamblea General Extraordinaria con un único punto en el orden del día: elección de una junta gestora.
Si no se completa ese proceso, Esports, siguiendo el Decreto que rige del funcionamiento de las federaciones deportivas en Baleares, puede proceder a que los cinco clubes más antiguos adscritos a la territorial convoquen una Asamblea Extraordinaria para elegir a esa gestora y convocar elecciones, un proceso que en unos meses será obligatorio al entrar en año olímpico (2024).
El caso más extremo llevaría a una hipotética disolución de la Federación Balear de Boxeo, perdiendo su entidad como organización y pasando a depender directamente de la Federación Española como delegación, que se encargaría de gestionar su funcionamento y tutelaría toda la actividad que se realice en las islas. Un escenario que no es nuevo para una territorial que, años atrás, ya tuvo ese estatus.