Un juzgado de lo Penal de Palma condenó ayer a cuatro personas, tres nacidas en Bolivia y un argentino, a penas que suman en conjunto cinco años y diez meses de prisión por vender sus documentos para entrar en España de forma ilegal. Uno de ellos pagó para poder utilizar una de las acreditaciones. Asimismo deberán pagar una multa de 1.080 euros. Los procesados, uno de ellos a través de videoconferencia, dieron el visto bueno al acuerdo alcanzado por sus letrados -Amalia Moraleda, Gonzalo Reta y Paula Amorós- con la Fiscalía antes de iniciarse la vista.
Los hechos se sitúan en el año 2020 y al menos hasta finales de abril de 2021. Tres de los acusados, una pareja y el hijo de ella, pactaron con una abogada de Bolivia, que no pudo ser localizada, que cederían sus pasaportes para que compatriotas pudieran entrar de forma legal en España a cambio de una importante cantidad económica. El único requisito es que los que pagaban para utilizar los documentos tenían que parecerse a los imputados.
Los ahora condenados enviaban sus pasaportes en paquetes postales. Con este método entraron en España cinco personas, de las cuales sólo pudo ser identificada una de ellas. Se trata del cuarto procesado, un argentino que desembolsó 4.000 euros para utilizar la identidad de uno de los varones, el cual recibió la mitad de dicha cantidad. La Policía Nacional detuvo en Palma en septiembre de 2021 a tres de los sospechosos. Ayer se declararon culpables estos tres de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y todos de uno de falsedad en documento oficial. Las penas de prisión quedaron suspendidas.