La llamada duró siete minutos y 27 segundos. Joan (nombre ficticio), de 23 años, marcó con su móvil el 012, el número de atención a la ciudadanía de Balears, el 23 de mayo de 2022. Eran las cuatro y veintidós minutos de la tarde. La operadora, Mónica, 49 años, acostumbrada a atender a diario llamadas de información general para usuarios, descolgó el teléfono. El tono de su interlocutor era agresivo y no le dejaba hablar.
El joven no paraba de pedirle que utilizara «todos los medios de emergencias, policía, bomberos, ambulancias, artificieros…», según se desprende del atestado del Grupo 1 de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Ultima Hora. Joan decía en mallorquín que sabía que iban a poner una bomba en la sede del Partido Popular de Palma, pero no podía decir quién. Afirmó que sólo avisaba «porque el PP había robado mucho dinero».
Joan comentaba que tenía que haber «más justicieros en su tierra». Mónica, cuando colgó, se lo contó a su supervisora y a continuación llamaron al teléfono de Emergencias 112 para comunicarlo.
Patrullas de la Policía Nacional, guías caninos y Técnicos de Desactivación de Explosivos se personaron en la sede del PP y desalojaron el edificio ante la amenaza de bomba. Los agentes realizaron una inspección ocular del interior y exterior del inmueble y no encontraron ningún tipo de artefacto explosivo.
El joven fue detenido nueve días después en la plaza del Mediterráneo de Palma. Joan declaró ante los investigadores de la Policía Nacional que en ningún momento de la llamada dijo que había una bomba, ni que ojalá la pusieran, ni nada por el estilo. Explicó que cree que lo que dijo a la mujer fue que, a la larga, alguien les pondría una bomba.
Marihuana
Según el atestado policial, el joven contó que no tiene ninguna ideología definida. Joan se encontraba nervioso porque estaba dejando de fumar marihuana y que llevaba una o dos semanas sin consumir ni salir a la calle. El chico quiso hacer constar en su declaración que ya no consumía droga y que su intención nunca fue causar las molestias que acarreó su llamada y que todo fue por un malentendido.
No era la primera vez que Joan actuaba de esta forma. En mayo de 2021 realizó una serie de llamadas amenazantes a la sede de Vox. El responsable de seguridad del partido interpuso una denuncia contra el joven el 17 de mayo. El Juzgado de Instrucción 4 de Palma abrió unas diligencias por delito leve que, acabaron sobreseídas.
La Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación, recibió un informe de la centralita del Servei d'Emergències de les Illes Balears 112 en el que constaban un total de 90 llamadas del teléfono de Joan entre el 1 de mayo de 2021 y el 24 de mayo de 2022. La mayoría de las llamadas estaban relacionadas con quejas y denuncias sobre actuaciones del propio Cuerpo Nacional de Policía.
El joven fue juzgado el miércoles pasado por la falsa amenaza de bomba. El acusado aceptó 1.080 euros de multa por un delito de desórdenes públicos e indemnizar al Partido Popular con 2.000 euros. La historia del falso aviso de bomba terminó en una sanción económica a pesar de que la Fiscalía pedía un año de cárcel. Joan tendrá que pagar 1.200 euros de costas del abogado del PP, Eduardo Luna, e indemnizar a la Policía Nacional en la cantidad que se determine en sentencia por el despliegue llevado a cabo.
La condena se publicó en Ultima Hora y en Diario de Mallorca y, al día siguiente, el joven llamó a la redacción de ambos periódicos. Del primero dijo en tono desafiante que lleva 130 años tergiversando informaciones y sobre el segundo aseguró que iba a crear una web para contrarrestar todas las publicaciones falsas.
El apunte
«Lo que ha fallado aquí es el sistema sanitario»
El abogado del joven, Toni Bennàssar, asegura que «lo que ha fallado aquí es el sistema sanitario». El letrado considera que los recursos públicos no son suficientes. «La familia ha presentado múltiples quejas al IB-Salut ante la desatención de su hijo», apunta. «Los familiares han requerido a IB-Salut que se cree un protocolo de actuación entre policía, juzgado y sanitarios y que no se le trate como a un delincuente común».