El Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión al gerente de una residencia de ancianos de Palma por una caída mortal de uno de los residentes en diciembre de 2020. Está imputado por un delito de homicidio por imprudencia grave. También se sentará en el banquillo una auxiliar del centro, para quien se pide una multa de 1.080 euros. En la jornada de este jueves tuvo lugar la vista previa en un juzgado de lo Penal y no hubo acuerdo entre las partes.
El trágico suceso, tal y como relata la acusación pública en su escrito, se remonta a la tarde del 20 de diciembre. El fallecido, que tenía 89 años, había ingresado a principios de mes en una residencia de la capital balear. Sufría un deterioro neurológico severo que obligaba a que estuviera sin la compañía de otro usuario en la habitación. Se movía en silla de ruedas con un cinturón para evitar que se levantase. En esos días se había detectado un positivo en coronavirus en un interno y en ese caso los ancianos quedaban confinados en sus respectivas estancias. Esta fatídica jornada, la víctima salió de su habitación, que no cerraron con llave, y bajó desde la segunda planta a la -1 en ascensor.
La auxiliar imputada, que conocía al anciano, lo montó de nuevo y lo llevó a su piso, dejándolo en su silla en el pasillo sin ningún tipo de vigilancia, aunque avisó a su supervisora por WhatsApp. Tras esto la trabajadora se marchó. Instantes después el hombre empezó a deambular y abrió la puerta de emergencia que conduce a las escaleras y cayó de bruces. Dos días más tarde murió en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. La Fiscalía considera que el gerente estaba obligado a garantizar la seguridad y bienestar de los residentes allí ingresados. Ambos procesados tendrán que indemnizar a la mujer y a los hijos del fallecido.