La jueza titular del juzgado de Instrucción número 10 de Palma ha ordenado investigar y llegar hasta el final para saber quién o quiénes están detrás del perfil de apoyo al ‘rey del cannabis medicinal' y actuar judicialmente contra ellos. Es más, según fuentes próximas al caso, el juzgado decidió admitir a trámite la denuncia y practicar todas las diligencias necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos. Todo ello al entender que se podría estar incurriendo en un delito de amenazas y de provocación para cometer un atentado contra los agentes en cuestión. Esta decisión judicial supone un duro golpe para los intereses del multimillonario Maximillian White y su entorno, dado que el caso se instruirá por vía penal con las consecuencias que ello conlleva de sanciones y privación de libertad para los supuestos autores de las amenazas, atentado y calumnias.
Esta resolución judicial es consecuencia de la denuncia interpuesta, a finales de agosto de 2022, por representantes sindicales de la Guardia Civil y Policía Nacional que se unieron para decir «basta ya» a la campaña de difamación y de desprestigio contra la Benemérita por parte de familiares, amigos, allegados y del propio ‘rey del cannabis medicinal', el multimillonario Maximillian White.
Por ese motivo, la Unión de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con el apoyo de otras organizaciones y agentes de ambos cuerpos, interpusieron una denuncia por difamación, injurias, insultos y delito de odio contra los administradores de los diferentes perfiles y familiares del fallecido que están detrás del aluvión de vejaciones e insultos contra los agentes actuantes en el incidente registrado el pasado día 25 de julio de 2022 en la discoteca Boomerang. Tobias White-Sansom quedó en coma y murió cinco días después en el hospital por un traumatismo cerebral, según la versión de la familia.
Tras su fallecimiento, se inició una campaña de desprestigio y ‘cacería' contra la Guardia Civil, a los que acusan de «torturadores, asesinos o brutalidad policial». El perfil ‘Justicia para Toby' publicó un vídeo donde se mostraba la cara descubierta de un oficial de la Guardia Civil y se le identificó con su nombre y apellidos. Se trata, según las entidades denunciantes, de un claro atentado contra la protección de datos.
Ante esta campaña, Manuel Pavón (SUP) y José Gregorio Baraja (Unión de Guardias Civiles), a través del abogado Eduardo Luna de Equare Abogados, interpusieron la correspondiente denuncia que puede acabar con lo autores en el banquillo.