El principal denunciante de Bartolomé Cursach, el empresario Ángel Ávila, admite que sus locales incumplían la normativa pero insiste en que fue acosado por la policía a instancias del grupo del principal aucusado. «El tema es por qué siempre el Level (su discoteca) y no otros sitios. No es justo».
La testifical de Ávila se ha convertido en una de las principales pruebas directas contra Cursach y su presunta relación con la Policía Local. Sin embargo, en el juicio la centró en dos personajes: el ‘número dos' del grupo empresarial, Bartolomé Sbert y en un policía local que estuvo acusado hasta que falleció hace dos años.
El empresario trabajó durante años para Cursach y abandonó el grupo en 2007 para dirigir la discoteca Level en el Marítimo. «Todo iba bien hasta que empiezo a traer autocares con turistas. Me llama Sbert, me dice que deje de hacerlo. Le digo que no, que quiero que funcione mi negocio. Me amenaza y yo también le amenacé. Empezó el calvario», dijo ayer.
Desde ese punto señala que cada día un policía comenzó a visitar su establecimiento y que existió una «campaña de acoso». «Tuve la sensación de vivir una persecución». Muchas de esas visitas, según su testimonio, no producían actas ni sanciones. De hecho exculpa a los acusados de la Policía Local y admite que, cuando le sancionaban por tener música en la terraza, aforo o por sus tiqueteros eran multas correctas: «Cuando uno incumple». Incluso admite haber llegado a sobrepasar en 500 personas el aforo que tenía permitido. Buena parte del interrogatorio se centró en Sbert del que dice, «me arruinó la vida» y admitió tener una «gran enemistad» con él.
Otro empresario vinculado al Level señaló que se encontró con un contencioso por sus incumplimientos instado por la Acotur. Dice que fue a ver a su presidente y que éste le remitió a Bartolomé Sbert. También habló con Cursach para que se le retirara la denuncia, insistió. También declaró una jefa de servicio del Ajuntament. En marzo de 2017, poco después de la detención de Cursach, el Juzgado de Instrucción 12 ordenó que se llevaran a cabo inspecciones de los locales de Cursach. «Nos citaron en la jefatura de la policía y no sabíamos dónde íbamos». Revisaron Pachá, Tito's y Megapark. La funcionaria señaló que, en los tres locales detectaron incumplimientos.
La situación más compleja se dio en torno a Megapark. Se había unido el original con el Don Quixote. Ambos tenían licencia pero no existía una refundida. «el conjunto no tenía título habilitante». Se precintó la obra que unía ambas partes y, aún ahora, el asunto está pendiente de que un juzgado de lo Contencioso decida. En Tito's la funcionaria detectó problemas con las salidas de emergencia y se procedió a una suspensión cautelarísima. Pachá tenía una licencia provisional desde 1984. La funcionaria explica que no era un caso excepcional.
La testigo colaboró con el Grupo de Blanqueo durante la instrucción pero se aparta de las conclusiones de sus informes que dice que no vio. Niega un trato preferente al Grupo Cursach: «A todo el mundo se le da orientación sobre los trámites y todo lo que se puede ayudar». También aludió a varios expedientes abiertos a la discoteca Level por incumplimientos: no tenía licencia de actividad para la terraza y excedía el aforo.