El Ministerio del Interior ha indemnizado con 40.000 euros a cada uno de los dos hijos de Lucia Patrascu, la mujer que fue asesinada por su marido en Pollença en 2016 horas después de intentar denunciarle sin éxito ante la Guardia Civil. El Secretario General Técnico del Ministerio ha aceptado la reclamación planteada por la familia de la fallecida y entiende que existe una responsabilidad por parte de la Administración por el crimen. La resolución se basa a su vez en el informe emitido por el Consejo de Estado. Este organismo analizó lo ocurrido y concluyó que «la víctima no fue atendida en la forma debida ni se le permitió dar cuenta de su relato en los términos y en el lugar adecuado».
Tras recabar una serie de informes a la Guardia Civil, el Consejo de Estado sostiene: «Después de hacerla esperar casi cinco horas y tener contacto con cinco agentes, lo cierto es que Lucía Patrascu abandonó las dependencias policiales sin haber sido atendida en debida forma y sin formular denuncia, y sin que, por consiguiente, se adoptasen las medidas adecuadas para su debido auxilio y protección». También descarta que, el hecho de que un juzgado de Inca archivara una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil de Pollença, suponga que no existe una responsabilidad administrativa.
Lucia Patrascu acudió el 29 de mayo de 2016 de madrugada al puesto de la Guardia Civil de Pollença por temor a amenazas y coacciones por parte de su marido, Ioan Ciutau. No se le tomó declaración ni se recogió su denuncia. Horas más tarde se produjo el crimen en el domicilio de la víctima, donde fue apuñalada en seis ocasiones por Ciutau. El autor del asesinato fue condenado por la Audiencia Provincial a una pena de 22 años de prisión.
La familia reclamó desde un primer momento por la actuación de los agentes de Pollença a través de su abogado, Antoni Monserrat. Ahora, el informe del Consejo de Estado provoca que el Ministerio acepte finalmente que los protocolos se aplicaron mal en este caso.