Tres de los diez acusados de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación de Álava han llegado a un acuerdo de conformidad y han aceptado penas de cárcel que van de 1 a 13 años de prisión en el arranque del juicio por estos hechos en el que la Fiscalía ha anunciado un principio de acuerdo con un cuarto procesado.
Este lunes ha arrancado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra diez hombres acusados de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública. En el inicio de la sesión tres de los diez procesados han llegado a un acuerdo de conformidad y el Ministerio Público ha anunciado un principio de acuerdo con un otro procesado que podría cerrarse este miércoles en la segunda sesión del juicio.
Los tres hombres que han cerrado el acuerdo han reconocido haber pagado por tener relaciones con menores, han mostrado su arrepentimiento, han pedido disculpas a las víctimas y se han comprometido a no reincidir. La mayor pena impuesta ha sido de 13 años y 4 días de cárcel por dos delitos de corrupción de menores y otros dos de abusos sexuales, seguida de otra de condena de 7 años y 2 días, por un delito de corrupción de menores y otro de abuso sexual. La menor condena es de 1 año y 1 día de prisión por corrupción de menores. A la hora de acordar las penas se ha reconocido la atenuante muy calificada de reparación del daño. El juicio para estas tres personas ha finalizado aquí a la espera de que se redacte la sentencia que será conforme a lo acordado.
La vista ha continuado para el resto de acusados que uno a uno han declarado en la sesión de hoy. La mayoría ha mantenido que desconocían que las personas con las que contactaban eran menores de edad y cuando les han mostrado sus fotografías han dicho que podían tener perfectamente 18 años. Además han argumentado que pensaban que todo era legal en la web a través de la que contactaban.
«No se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza que un menor esté en una página de estas», ha asegurado uno de los acusados. Otro ha explicado que cuando ha tenido dudas ha pedido el DNI y ha insistido en que «jamás» ha estado con un menor. «Si me dice que es menor de edad no hubiera estado con él», ha relatado otro de los acusados, que ha remarcado que partía de la base de que contactaban a través de una página para adultos.
El tribunal también ha escuchado a otro de los acusados explicar que esperó a que el joven con el que contactó cumpliera los 18 años para mantener relaciones después de que en un primer encuentro le dijera que tenía 17 pero que a finales de ese mes era su cumpleaños. «Me pareció que era joven pero no menor, y menos por cómo se desenvolvía. Él manejó la situación», ha relatado otro. Durante la vista la fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, que fue precisamente la que como juez de menores instruyó este caso, ha recordado a los acusados que lo que están afirmando hoy no se ajusta a lo que en su día relataron en la instrucción.
Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta de Vitoria, que entonces acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores y ahora se va a adecuar para personas con discapacidad intelectual.
La Fiscalía solicita un total de cerca de 200 años de cárcel para los siete acusados que continúan siendo juzgados en un juicio que se reanuda el miércoles, cuando está previsto que comiencen a declarar a puerta cerrada las presuntas víctimas, que en la actualidad son mayores de edad. En el proceso judicial también está personada como acusación particular la Diputación de Álava que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la Asociación Clara Campoamor como acusación popular que reclama penas que oscilan entre 3 y 29 años de cárcel para los acusados.