La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena del pago de una multa de 2.520 euros y la indemnización a cada uno de los cuatro agentes con 3.000 euros por los daños morales al joven acusado de un delito de calumnias por grabar a policías nacionales entrando en un piso de la capital balear en mayo de 2020, en pleno confinamiento. La sección primera ha desestimado el recurso de apelación del imputado y ha confirmado la condena que interpuso en su contra el juzgado de lo Penal número 6 de Palma, que absolvió al procesado de los delitos de intrusismos, desobediencia grave, injurias y contra la propia imagen.
El incidente tuvo lugar la madrugada del 9 de mayo de 2020 en la fase 0 de la desescalada. Varios agentes de la Policía Nacional acudieron a un piso del Marítimo tras la llamada de una vecina molesta por el ruido y por la presencia de personas ajenas en la vivienda. Al llegar al inmueble el morador, amigo del procesado, les dejó entrar. «Nos abrió la puerta y nos dijo ‘pasad y comprobad'», relató uno de los agentes y corroboraron el resto de funcionarios en sus declaraciones. El acusado, por su parte, insistió durante la vista, celebrada el pasado 24 de enero, que no escuchó a su amigo dándoles permiso para acceder a la vivienda. «Quizá esté equivocado, pero en aquel momento hice lo que creía que era correcto», declaró.
La defensa del acusado recurrió el fallo porque a su juicio no quedó demostrado que el joven supiera que el morador de la vivienda dejara pasar a los agentes, extremo que la Audiencia Provincial ha desestimado. Al igual que una rebaja de la responsabilidad civil, que el Tribunal considera «proporcionada».
El sindicato CEP, «contento» por el fallo
El sindicato CEP (Confederación Española de la Policía), que se personó como acusación particular junto a JUSAPOL, se mostró «contento» por el fallo de la Audiencia. Su portavoz, David Pola, manifestó este jueves a Ultima Hora que la confirmación de la condena supone «un aviso a navegantes de que no todo vale contra los policías». Asimismo destaca que la indemnización de 3.000 euros que cobrará cada agente es «acorde» al daño causado por el comportamiento del joven.