Agentes del Grupo de Investigación Centro del Cuerpo Nacional de Policía han imputado a un conocido abogado de Palma por un presunto caso de coacciones. El letrado, que en la actualidad no ejerce la abogacía y que no consta en el directorio del Colegio de Abogacia de las Illes Balears (CAIB), es el responsable de una empresa de desokupaciones y controles de acceso. Los hechos se remontan a finales del mes de julio. Una inmobiliaria de Palma contacta con el ahora investigado para solicitarle sus servicios de desokupación. El motivo, que en una de sus viviendas, ubicada en el número 136 de la calle Aragón de Palma, habían entrado unos okupas. Tras ‘contratar' los servicios de una empresa de desokupas, la responsable de la inmobiliaria se desentiende de todo lo sucedido con posterioridad.
El día 29 de julio se personaron en el edificio en cuestión un gigantesco vigilante de seguridad y un fornido controlador de acceso. Según la declaración del letrado investigado, en sede policial y que ha sido remitida al juzgado, éste aseguró que llegaron al lugar, tocaron a la puerta y no había nadie. Que al detectar síntomas de abandono pensaron que allí no vivía nadie. Pero que les llamó la atención que se hubieran dejado la tele encendida. Es más, llegaron a pensar que en el interior podía haber un cadáver y que tras hablar con los vecinos, éstos dijeron que la casa estaba abandonada.
Ante esto, decidieron entrar (de forma ilegal) y contactar con la inmobiliaria para que cambiaran la cerradura. Un cerrajero se personó en el lugar y realizó el cambio de llaves. Las contradicciones y la presunta ilegalidad a la hora de acceder a la vivienda provocaron la imputación del dueño de la empresa y de otra mujer implicada. El okupa, un marroquí sin recursos, también denunció que le habían robado sus enseres personales. Finalmente, pudo recuperarlos en un acta de entrega voluntaria. El caso está en manos de un juzgado de Instrucción.
El apunte
La Unidad de Seguridad Privada investiga la compañía, que actuó sin permiso
La empresa de desokupación y control de acceso, cuyo máximo responsable ha sido imputado en esta causa, carecía de autorización para realizar este servicio. Todas las empresas de vigilantes están obligadas a comunicar con la suficiente antelación y por escrito a la Policía Nacional sus servicios y la TIP (Tarjeta de Identificación Profesional) de los vigilantes. Por ese motivo, se está investigando el contrato, se tomará declaración a los implicados y se levantará la correspondiente acta de sanción.