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Caso Cursach

El juicio del 'caso Cursach' llegará al final, la Audiencia descarta anular todo el procedimiento

El tribunal sostiene que tiene que escuchar a los testigos y a los acusados para poder decidir

Tolo Sbert y Bartolomé Cursach, junto a su mujer, conversando con sus abogados. | Jaume Morey

| Palma |

El juicio del ‘caso Cursach' seguirá hasta el final. La Audiencia Provincial ha rechazado las peticiones de nulidad de todo el procedimiento que habían planteado las defensas. Las vistas se reanudaron ayer sólo para el traslado de ese auto y para encauzar el resto de las sesiones. El lunes comenzarán a declarar los acusados por Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert y a lo largo del mes de julio lo harán también los policías locales de Palma que permanecen en el banquillo de los acusados.

Las primera línea de defensa exprés de Cursach y el resto de encausados no ha prosperado. Todos ellos consideraban que la causa estaba contaminada de forma insalvable por la actuación del juez instructor, Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, procesados por la Sala de lo Penal del TSJIB. La Audiencia no descarta esa contaminación pero sostiene en su auto que aún no tiene suficientes datos para declararla: «Con las alegaciones formuladas, sin oír a las personas afectadas en la plenitud del plenario, se nos imposibilita a declarar la nulidad de todo lo actuado».

A juicio

El auto de las magistradas de la Audiencia repite en tres ocasiones diferentes: «Lo que aquí se enjuicia tiene que ver con la valoración de la prueba y a ella debemos estar». Es decir, antes de decidir si un testigo ha sido manipulado o coaccionado primero hay que escucharle en el juicio y valorar lo que dice. Lo mismo ocurre con las alegaciones en torno a la prescripción de determinados delitos ya que la Fiscalía incluye hechos ocurridos desde el año 2000 hasta 2016. No la descarta pero sostiene que la prueba se tiene que celebrar en el juicio. La resolución descarta que se ocultara parte de la instrucción a las defensas, aunque admite que    ha tenido que hacer una « una labor descomunal de búsqueda» para encontrar determinados documentos.

El tribunal también da campo a las acusaciones particulares para que actúen de forma independiente, lo que desbloquea peticiones de condena de hasta cuarenta años de cárcel para Cursach. El auto admite «una actuación poco ortodoxa, incluso contraria a la buena fe procesal» por parte de algunas de estas acusaciones, pero considera que, por ahora no es suficiente para expulsarlas. Lo único que queda definitivamente fuera del caso son algunos hechos en torno a Calvià y la posibilidad de que los empresarios que ejercen la acusación particular actúen contra un grupo de policías locales por falta de legitimidad. El tribunal ha dado de plazo hasta el lunes a todas las partes para que concreten qué testigos mantienen y a cuáles renuncia para ordenar las prueba. Uno de los pocos en adelantarse fue el abogado de Cursach, Enrique Molina, quien anunció que renunciaba a todos salvo dos inspectores de la Policía Nacional: los autores de los informes en torno a la actuación de Penalva y Subirán. La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha recordado a las partes que los testigos más polémicos como la madame o el testigo 29 solo están propuestos ahora mismo por una acusación particular, la de los empresarios de Magaluf. El auto de la Audiencia descarta también de forma definitiva que comparezcan como testigos Manuel Penalva o Miguel Ángel Subirán.

El apunte

El presidente del TSJIB plantea una posible nulidad de la causa contra Penalva

Mientras tanto, la causa contra el juez instructor, Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán en el TSJIB vuelve a quedar en el limbo. Después de ser requerido en un escrito por parte de la Fiscalía, el presidente del tribunal e instructor del caso, Carlos Gómez, ha dictado una providencia en la que da un plazo de cinco días para que aleguen a los periodistas afectados por el ‘caso Móviles’. La sentencia del Constitucional ordenaba una retroacción de las actuaciones para que estos pudieran alegar a la incautación de los terminales. Al hilo, Gómez plantea a las partes una posible nulidad y la pérdida de competencia por parte del TSJIB.

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