El nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción con la retirada de la acusación a siete de los 23 acusados y la renuncia a 54 de los 142 testigos que había propuesto deja la macrocausa centrada en la Policía Local de Palma. A expensas de lo que ocurra con las acusaciones particulares, el paso dado por la acusación pública diluye el peso de Bartolomé Cursach y sus empresas en el juicio y lo centra en la actuación de los trece policías locales investigados.
La principal acusación en torno a estos agentes se centra en la labor de la Patrulla Verde. Fiscalía mantiene que, al menos 29 locales de ocio nocturno de Palma sufrieron algún tipo de persecución por parte de estos agentes, bien de forma coordinada o bien de forma individual. Estos denunciantes relataron durante la instrucción exigencias de dinero, inspecciones constantes y medidas arbitrarias que los agentes han negado durante todo este tiempo. El juicio se centrará así en qué pasó en cada uno de estos locales, si tenían denuncias previas de vecinos o no o si se respetaron los trámites administrativos. La acusación pública incluye episodios a título personal de algunos de estos agentes como la exigencia de consumiciones o de favores sexuales en algunos de estos locales. El nexo con el Grupo Cursach es que, la calificación provisional de la Fiscalía anudaba esta actuación con la intención de castigar a la competencia de Cursach. Esta acusación se circunscribe ahora al municipio de Palma y acusaciones similares en locales de Calvià quedan suprimidas.
De acuerdo con los testigos que mantiene la Fiscalía, otro de los hechos que mantendrá en el juicio es que existió una actuación por parte de mandos de la Policía Local de Palma para ocultar denuncias contra los policías investigados, hechos por los que está acusado el exjefe del cuerpo, Joan Miquel Mut.
Lo que seguro queda fuera del procedimiento son las actuaciones que afectaban más directamente al Ajuntament de Palma. La Fiscalía elimina la acusación de que el Grupo Cursach sobornó a una funcionaria después de que esta lo negara ante el TSJIB y declarara que lo admitió presionada por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Además existe un motivo jurídico: se acusaba de cohecho a todo el mundo menos a la persona que había recibido la supuesta dádiva. En torno a la exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell, la acusación por prevaricación se retira por un motivo técnico: no dictó ninguna resolución ilegal, según la Fiscalía. La parte en torno al Ajuntament de Calvià cae después de que el funcionario que estaba acusado presentara un informe del Consell Consultiu que avalaba su actuación y consideraba arbitraria la revisión de oficio de la licencia de BCM.