El juez de Instrucción número 42 de Madrid investiga una presunta trama que estafó hasta 8 millones a empresarios españoles y extranjeros, algunos de ellos de Baleares, que buscaban capital para salvar sus negocios en ruina al inicio de la pandemia del Covid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) inició las pesquisas en 2020 a raíz de las denuncias de empresarios de distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Baleares y Alicante. Hasta nueve denuncias se acumularon en un mismo procedimiento a cargo del juez Juan José Escalonilla por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización en banda criminal.
El 'modus operandi' de la banda consistía en ofrecer a sus víctimas un préstamo sin garantías a cambio de un seguro de caución y una inversión millonaria. Uno de los empresarios, el dueño de una empresa de helicópteros balear, llegó a entregar a los estafadores hasta 3 millones de euros. Los prestamistas organizaban reuniones en Torre Europa, en el Paseo de la Castellana de la capital, bajo la apariencia de seriedad a las que llegaban con elegantes trajes y coches de lujo.
Este jueves, nueve de los empresarios estafados por esta supuesta trama testificarán ante el juez para ratificar el relato que prestaron en sede policial. Uno de los perjudicados es un empresario peruano que contactó con la banda a través de una persona que le pone en contacto con uno de los presuntos líderes del entramado corrupto. Le convencieron entonces de un falso préstamo sin garantías reales y acabó dando unos 2 millones de euros. En la operación policial que desarticuló la banda fueron detenidas doce personas, que quedaron en libertad provisional.
Los investigados declararán ante el juez los días 17 y 19 de mayo. En el marco de la instrucción, las acusaciones han solicitado al juez que confisque hasta 48 coches de lujo intervenidos a la presunta banda criminal. Entre los vehículos figuran Mercedes de alta gama, Maseratis, Ferraris y Rolls-Royce. Uno de los abogados de las víctimas ha solicitado al instructor que confisque los vehículos y los ponga a disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que depende del Ministerio de Justicia.