La Guardia Civil de Mallorca ha desmentido que esté registrando la sede del Atlético Baleares. Según ha aclarado en una nota, la información «enviada sobre la campaña de prevención de lucha contra el fraude y prevención de los trabajadores en el sector del deporte profesional, presenta un error al final de la misma, que menciona a Baleares y dicha operación no ha afectado a ningún club de futbol de Baleares». Sobre las 12.30 se ha iniciado a nivel nacional registros en una decena de clubes de Segunda División con el objetivo de obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados al uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas.
Al parecer, y según fuentes de la Benemérita en las Islas, estos registros no se han producido en ningún club balear. El CD Atlético Baleares ha desmentido la información a través de un comunicado y posteriormente ha agradecido a la Guardia Civil la rápida rectificación. Las actuaciones que si se han realizado han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz y Murcia, entre otros.
El Ministerio recalcó que esta actuación se inició «a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y firmada por once equipos de 2ªB en el año 2020, que denunciaba el agravio comparativo que suponía para los clubes que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social». A raíz de ello, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en colaboración con los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil iniciaron una campaña para la detección de la comisión de posibles delitos de fraude a la Seguridad Social cometidos por los diferentes equipos. «Esta práctica, por una parte, genera un menoscabo al sistema de la Seguridad Social por estar ingresando menos dinero del que correspondería por las cotizaciones de sus futbolistas y, por otro lado, genera grandes perjuicios a los propios futbolistas pues se les priva de los derechos que le asiste la seguridad social por su relación laboral con los clubes», advirtieron desde el ministerio. Por ese motivo, y desde el momento en el que «tuvieron conocimiento de esta práctica», los investigadores se pusieron en contacto con distintos agentes del mundo del fútbol «para comprobar la veracidad de los hechos que se ponían de manifiesto en dicha carta y que parecían normalizados y muy aceptados por la mayoría de los clubes».
Esto motivó también una reunión de la RFEF con todos los presidentes de Segunda B y Tercera División en noviembre de 2019, «de acceso público en Internet», y que «resultó clave para dimensionar la magnitud y la normalización del problema». Por ello, tras constatar la normalización de este fenómeno, se preparó una campaña de lucha contra esta práctica. El Ministerio de Trabajo y Economía Social recuerda que este tipo de inspecciones coordinadas en la lucha contra el fraude están normalizadas y se realizan de forma habitual de forma conjunta entre las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social y la Guardia Civil, en los ámbitos laborales en los que se prevé que pudieran existir delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los trabajadores. En este caso concreto además se ha realizado en el desarrollo de la lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional.