Alejandro Jara es el propietario del Alex Place, uno de los tres locales de copas que fueron clausurados en Calvià la pasada semana por incumplir la normativa anti COVID. El empresario, que tiene siete negocios en Magaluf, entiende que, al menos en su caso, se ha cometido una «injusticia» por parte de la Administración.
¿Cree que el Alex Place debería seguir abierto?
—Sin duda. La Policía Local está poniendo el acento en la calle Punta Ballena más que en ninguna otra parte del municipio, y se intenta aprovechar la clausura de estos bares para hacer política. Se están cebando con nosotros.
Hemos podido ver a través de Whatsapp a docenas de turistas bailando en su bar de copas –algo que está prohibido–, y hacerlo sin distancia de seguridad ni mascarilla.
—Esas imágenes están sacadas de contexto, en algunos casos no corresponden a este año y de todas formas no justifican el cierre. Nuestros clientes son chavales de veinte años y es posible que alguno pueda medio bailar en algún momento, para eso están nuestros establecimientos.
En realidad, el Alex Place no tanto porque, al margen de la actual regulación contra el coronavirus, tampoco dispone de licencia de discoteca.
—La gente viene a Magaluf buscando ocio y música. Pretender que no les ofrezcamos eso sería tanto como prohibir que en zonas como Portals se pueda servir comida en los restaurantes. En todo caso, aquí no bailan como lo hacen en una discoteca, es otro concepto. Pero están muy encima de nosotros.
¿Quiénes?
—Quiero decir que se levantan actas en Magaluf con demasiada facilidad. Nuestros negocios han estado veinte meses cerrados, y no me parece de recibo que deba aparecer la policía a las once de la noche, cuando más trabajo tenemos, para montar un Sálvame con cámaras grabando lo que sucede. Hay mucho en juego, y muchos trabajadores que ahora no saben si podrán seguir teniendo un sueldo las próximas semanas.
¿A cuántos trabajadores afecta la clausura del Alex Place?
—A unas 30 personas, muchos de ellos con sus familias. Lo que yo denuncio es la ligereza con la que se está actuando contra nosotros. La normativa contra la COVID exige unas limitaciones que resultan inviables. En la práctica, cualquier negocio que funcione se tiene que saltar, poco o mucho, la actual regulación. Con la ley en la mano todos serían denunciables.
¿Este año se ha recrudecido la guerra entre empresarios de Magaluf?
—Sí, yo tengo claro que esos vídeos son de empresarios a los que no les van bien las cosas esta temporada.