Espionaje industrial entre dos empresas del mismo sector y separadas apenas por 600 metros en el polígono de Can Valero de Palma. Los dos responsables de una de las mercantiles han asumido una condena de un año de prisión por un delito contra el mercado y los consumidores y una multa de 5.400 euros para la sociedad. El acuerdo llega después de un pacto entre la acusación particular, la Fiscalía y las defensas y que se retiraran los cargos contra otra empresa, en este caso de la Península tras unas negociaciones que se han concretado en una indemnización entre las partes.
La guerra entre las dos empresas, dedicadas a la distribución de oxígeno y otros gases a presión, arranca en 2012. En ese momento se marchan de la primera de ellas dos de sus comerciales, los acusados. A pesar de que tenían una cláusula de confidencialidad y otra que les imponía un plazo de dos años antes de poder competir con la firma de la que se marchaban, ambos montaron la segunda empresa dedicada a la misma área de negocios. Según consta en los hechos probados de la sentencia, lo primero que hicieron fue contactar con una empresa de la Península, que tenía un pacto de colaboración con su anterior empresa para intentar abrir una nueva línea de negocio sin respetar esos acuerdos.
En paralelo se inició el espionaje a la empresa víctima. Los dos acusados consiguieron acceder al ordenador de otro antiguo empleado y así accedieron a siete cuentas de correo electrónico internas de la sociedad. Se hicieron con 290 archivos informáticos que contenían datos secretos de su competencia. Esa documentación fue encontrada en el disco duro de uno de los ordenadores de la empresa espía durante el registro que un juzgado puso en marcha tras la denuncia de los perjudicados.
Dos absoluciones
Durante la vista, que se celebró el lunes, la Fiscalía y la acusación particular, que ejercía el abogado Francisco Jesús Terrassa Ortuño, retiraron la acusación contra dos acusados más y una de las empresas acusadas. La empresa perjudicada compareció en el juzgado y asumió que daba por íntegramente resarcida con la entrega de dinero por parte de los acusados, lo que saldó las reclamaciones.
De esta forma se rebajan las condenas que solicitaban las acusaciones inicialmente y se reconocen atenuantes por reparación del daño y dilaciones indebidas. La pena de cárcel quedará suspendida durante un periodo de tres años.
Ruptura de un pacto comercial de décadas con un proveedor de la Península
La creación de la nueva sociedad por parte de los comerciales ‘huidos' de la empresa víctima provocó en paralelo la ruptura de un acuerdo de décadas entre los afectados y uno de sus principales suministradores desde la Península. La guerra comercial de ambas sociedades llevó a la interposición de una querella en el año 2013 y a un registro en la sede de los denunciados. La enorme duración de la instrucción de esta causa ha llevado a que se reconozca un atenuante por parte de la Fiscalía.