La Policía Nacional también paga cuotas de comunidad de vecinos y sufre las consecuencias. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para un administrador de fincas de Palma y a dos de sus empleados por estafar durante dos años a la Dirección General de la Policía con las cuotas de la comunidad de propietarios de la Comisaría Oeste, situada en un inmueble de la carretera de Valldemossa, junto a s'Escorxador.
El Ministerio del Interior es propietario de parte del edificio y, como tal, está sujeto al pago de las cuotas de la comunidad de propietarios. Además, ocupa buena parte del inmueble. Según la calificación de la Fiscalía, durante los años 2015 a 2017, el administrador de fincas giró de forma reiterada facturas infladas a la Dirección General que pagaba las cuotas de manera religiosa. Las diferencias no eran exageradas en cada una de las facturas trimestrales: doscientos euros en una; cuatrocientos en otra. Pero al ser en dos escaleras diferentes y durante un periodo de tiempo prolongado, el fraude sufrido por la administración pública se cifra en casi 13.000 euros. Esas cuantías se ingresaban primero en las cuentas corrientes de la comunidad de propietarios pero más tarde eran retiradas por los responsables de la gestoría que, de acuerdo con la acusación pública, los incorporaron a su propio patrimonio.
Según la calificación fiscal, al frente de la trama estaba el administrador de fincas no colegiado, que mantiene un despacho en Palma y dos de los administrativos, que eran quienes ejecutaban el plan y giraban las facturas. Están acusados de un delito de falsedad, otro de estafa y un tercero de administración indebida. El juicio está fijado para el mes de noviembre.
La Dirección General descubrió el descuadre en las facturas
La Dirección General de la Policía descubrió el descuadre en las facturas de que giraba la comunidad de propietarios y, a partir de ahí, se inició la investigación que ahora desemboca en el juicio. Los tres estaban citados ayer a una vista previa del juicio que concluyó sin acuerdo.