La relajación ciudadana preocupa y mucho a las autoridades sanitarias de Baleares. En los últimos días se han multiplicado las fiestas en domicilios, las reuniones familiares y las aglomeraciones en parques, plazas y playas públicas.
A las 21 horas del pasado viernes y sábado, los agentes del Grupo Alazán de la Policía Nacional, Patrulla Verde (Policía Local de Palma) y los inspectores del Govern de Sanitat i Turisme, tuvieron que solicitar refuerzos a sus compañeros de la Brigada de Seguridad Ciudadana para desalojar la playa de Can Pere Antoni. Más de 700 personas se congregaron en la zona sin mantener la distancia de seguridad, todo el mundo apelotonado y muchos de ellos sin mascarilla.
Decenas de vecinos llamaron a la sala del 091 para alertar de esta incidencia mientras recriminaban la actitud incívica e irresponsable de los bañistas.
Los agentes, utilizando la megafonía de los vehículos policiales, informaron a todos los asistentes de la peligrosidad del incumplimiento de las medidas y solicitaron a todas las personas que abandonaran el lugar.
Un total de 67 personas fueron propuestas para sanción. Se trataba de aquellas que no llevaban mascarilla y que formaban grupos sin guardar la distancia. Tanto viernes como sábado, el número de asistentes fue muy alto.
En las últimas 48 horas, los agentes realizaron 31 intervenciones en bares, restaurantes, cafeterías y fiestas privadas. Los policías sancionaron a un total de 276 personas, la mayoría de ellas, por incumplir las medidas COVID, grupos de no convivientes, botellones y falta de licencias.
En viviendas ubicadas en las calles Francesc Pi i Margall, Camí de la Muntanya, Camí Real y Melicotoners, entre otros, se levantaron cuantiosas actas por la celebración de fiestas privadas en domicilios particulares con gran afluencia de público.
También se sancionaron a 18 personas de una vez en una finca que se alquila para hacer torradas.