El juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán tendrán que declarar de nuevo como investigados en el TSJB el próximo 14 de abril. El magistrado que investiga las supuestas ilegalidades en la instrucción del 'caso Cursach' y sus derivadas, Carlos Gómez, pone en marcha la orden que le dio la Sala de lo Penal y fija en una providencia una serie de comparecencias para aclarar si los dos principales imputados y los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional indujeron a testigos a mentir.
En la providencia se cita también al testigo protegido 26, 'El Trilero', también como investigado. Esta persona declaró en cuatro ocasiones diferentes durante la instrucción e implicó en la trama a una serie de agentes de la Policía Local de Palma. De acuerdo con un informe de la Policía Nacional, a muchos de ellos ni los conocía y actuó para conseguir que el propio Penalva le retirara una orden de expulsión de Mallorca por su participación en una banda de trile.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJB aceptó esta semana un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares para incluir estos hechos en la investigación y ordenó que se aclarara si se había producido algún tipo de inducción a los testigos a mentir. Se basaba en una serie de mensajes telefónicos en los que el juez, el fiscal y los agentes, hablaban de que se repasaran las declaraciones con determinados testigos y se les enseñaran imágenes de agentes de la policía local de cara a sus comparecencias.
Al hilo de la decisión del TSJB, varias acusaciones particulares han pedido la comparecencia de nuevos testigos. El auto de esta semana supone también que queda sin efecto el que dictó Carlos Gómez que cerraba la investigación y sólo apreciaba la existencia de delitos de revelación de secretos.
Penalva y Subirán declararon ya como investigados en febrero del año pasado en la causa, negaron cualquier irregularidad en la instrucción y atribuyeron los informes policiales a un complot en contra de ellos.